La abogacía de CyL reclama agilizar la aplicación de la Ley de Eficiencia y una regulación de la IA

   VALLADOLID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACyL) trasladará a la Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia, órgano autonómico presidido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), la preocupación por la "desconexión" existente entre los objetivos de la Ley de Eficiencia y su aplicación práctica, así como la necesidad de avanzar en una regulación de la inteligencia artificial que garantice la protección de los derechos de los ciudadanos.

   Las advertencias forman parte de las conclusiones alcanzadas durante el V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, celebrado en Zamora del 27 al 29 de mayo.

   El presidente del CACyL, Fernando Rodríguez Santocildes, ha presentado este viernes el documento a los consejeros durante el último Pleno del año judicial, celebrado en la localidad soriana de El Burgo de Osma.

   Estas conclusiones, que se elaboraron a partir de las aportaciones de los relatores de las distintas mesas de debate, serán elevadas al órgano de coordinación institucional con el objetivo de contribuir a la mejora del Servicio Público de Justicia.

   "La abogacía tiene mucho que aportar a la mejora del servicio público de Justicia y es fundamental que su experiencia y conocimiento sean escuchados en los procesos de reforma y modernización", ha señalado Rodríguez Santocildes.

   Uno de los principales asuntos analizados durante el congreso fue la implantación de la Ley de Eficiencia, que ha ido entrando en vigor progresivamente a lo largo del último año.

   El debate puso de manifiesto la existencia de una "desconexión" entre la concepción institucional de la reforma y la experiencia práctica de quienes intervienen diariamente en la Administración de Justicia, que ha generado dificultades organizativas y técnicas durante su aplicación, como los retrasos provocados por la reorganización judicial o las desigualdades territoriales asociadas a determinados procesos de especialización y comarcalización.

   Según las conclusiones del congreso, estas circunstancias pueden afectar al acceso efectivo de los ciudadanos a la Justicia, especialmente en el ámbito rural. La preocupación es especialmente relevante en materias como la violencia de género o la asistencia jurídica gratuita.

   Los letrados advierten de que la concentración territorial de determinados servicios puede alejar a algunas víctimas de los órganos judiciales especializados y dificultar la atención cercana que requieren determinados procedimientos.