Acuerdo unánime para urgir las corporaciones locales a que agilicen la negociación de los convenios colectivos

VALLADOLID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

PP, PSOE y Grupo Mixto han aprobado este martes una Proposición No de Ley (PNL) cuyo objetivo es urgir a las corporaciones locales a que a que agilicen las negociaciones en curso de convenios colectivos para que puedan estar concluidas con acuerdo antes del 8 de julio después de introducir una enmienda de adicción propuesta por el PP para separar la situación de la Administración regional del resto.

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Redondo, ha defendido esta PNL a través de la que ha lamentado los efectos de la Reforma Laboral que "destruye" la ultractividad de los convenios colectivos. Durante su intervención ante las Cortes, Redondo ha insistido en que con la reforma el PP ha demostrado que los derechos de los trabajadores "son reversibles", lo que denota que "nadie está a salvo".

De este modo, tanto Redondo como el procurador de IU, José María González, ha insistido en la necesidad de "limitar" los efectos "perjudiciales" de la Reforma Laboral en la administración de Castilla y León con el fin de "evitar" que los trabajadores "queden desprotegidos".

"Se ha aprobado una ley que desprotege a los empleados y retrotrae los derechos a una época de profunda inseguridad", ha destacado Redondo.

José María González ha considerado que esta situación deriva de la "política neoliberal" que, a su juicio, se está intentando "imponer". "Defiendo el derecho de los empleados públicos", ha destacado, al tiempo que ha recordado que esta PNL no sería necesaria si no se "aplicaran políticas que recortan derechos a los trabajadores".

"No queremos trabajadores públicos con menos derechos y que los ciudadanos que pagan impuestos el poder mantener servicios públicos se vean afectados en sus derechos sociales", ha concluido.

A través de esta iniciativa los socialistas y Grupo Mixto pretenden que la Junta recomendara, en el caso de no haber acuerdos, la prórroga de los respectivos convenios y la inclusión en los que se firmen en el futuro una cláusula que garantice su vigencia hasta la firma del siguiente. En este sentido, piden además que el Gobierno regional instala a las entidades al uso del mecanismo de mediación o arbitraje ya sea a través de la Dirección General de Trabajo o del Servicio de Relaciones Laborales.