Acusaciones piden en Valladolid entre 14 y 8,5 años a un varón por agresión sexual sobre su casera

VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid celebra juicio el próximo día 23 de enero de 2026 contra un varón, Eduardo G, por agredir sexualmente en julio de 2023 a la mujer que le alquiló una habitación en su propia casa y con la que llevaba conviviendo menos de un mes, hechos por los que se expone a una posible condena de entre ocho años y medio y catorce años de cárcel, como así solicitan, respectivamente, las acusaciones pública y particular.

Durante el juicio, tal y como informaron a Europa Press fuentes jurídicas, se reproducirá lo ocurrido la noche del 12 de agosto de 2023 en el domicilio de la víctima, en el barrio de Las Delicias, que ella había decidido compartir con el acusado--ambos se conocieron en julio--y a quien había alquilado una habitación.

Aquella noche, ambos habían estado en el piso en compañía de unos amigos de los dos y al marcharse los invitados la víctima, que había consumido cocaína, se retiró para acostarse en su habitación. Fue entonces, presuntamente, cuando Eduardo aprovechó que ella estaba profundamente dormida para mantener relaciones sexuales con ella por vía vaginal.

El acusado abandonó el domicilio de su casera el día 14 de agosto y desde ese día y hasta el día 16 de agosto la llamó por teléfono en al menos dos ocasiones y, con ánimo de amedrentarla, le dijo que la iba a meter bajo tierra y que iba a mandar a alguien para que la matara. También el día 16 llamó a la víctima y, con la misma intención de amedrentamiento, le dijo que le iba a arrancar la piel a su sobrina.

A tenor de estos hechos, Fiscalía de Valladolid imputa un delito de agresión sexual y otro continuado de amenazas y solicita un total de ocho años y medio de cárcel, de ellos siete por el primero y otro año y medio por el segundo, así como la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima durante diez años y la de acercarse a ella a menos de 500 metros, tanto a su hogar como a los lugares que sean frecuentados por las misma, además de libertad vigilada por espacio de cinco años, una vez cumplida la condena de cárcel; doce años de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, y otro año de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento.

Como responsabilidad civil, la acusación pública interesa una indemnización de 6.000 euros en favor de la víctima por los daños morales causados, mientras que la particular, representada por el letrado Fernando Capellán, del despacho Tresierra y Asociados, pide por los dos citados delitos un total de catorce años de privación de libertad y eleva también la petición indemnizatoria a 45.000 euros.