Agricultura publicará con antelación calendarios de ayudas y pagos para ayudar al sector a planificar las decisiones

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental publicará "con suficiente antelación" calendarios de ayudas, pagos y resoluciones para que los agricultores, los ganaderos, las cooperativas, industrias y las comunidades de regantes puedan planificar de forma adecuada y con seguridad sus inversiones y decisiones.

Asimismo, el consejero del ramo, Joaquín Antonio Pino, se ha comprometido a "revisar de arriba abajo" los procedimientos para eliminar trámites que no aporten valor, evitar la petición de documentos que ya obren en poder de las administraciones, extender la declaración responsable cuando el ordenamiento lo permita y acortar los plazos de convocatorias, autorizaciones y resoluciones.

Estos son algunos de los compromisos que ha asumido el consejero de Vox para la nueva legislatura en la que hará especial hincapié en la desregulación inteligente y en la simplificación administrativa real desde el convencimiento de que la digitalización deberá facilitar la vida del sector "y no sustituir el papel por formularios electrónicos todavía más complejos".

En este sentido, ha avanzado que defenderá la eliminación del Cuaderno Digital de Explotación como obligación para agricultores y ganaderos o, en su defecto, su carácter voluntario, y ha asegurado que trabajará para impulsar las modificaciones normativas necesarias que permitan reducir esta carga administrativa.

Pino ha anunciado también la aprobación de una nueva Orden de Trazabilidad y Registro de Animales Terrestres para suprimir duplicidades y "reducir drásticamente" las cargas asociadas al libro de explotación ganadera. "Nuestros agricultores deben dedicar su tiempo a producir y gestionar sus explotaciones. Nuestros ganaderos deben estar atendiendo a sus animales", ha defendido al respecto.

Asimismo, ha asegurado que mantendrá y reforzará la atención presencial en las Secciones Agrarias Comarcales, en las Unidades Veterinarias y en las Unidades de Desarrollo Agrario.

Por otro lado, el consejero ha anunciado la "supresión radical" y simplificación artesanal para lo que tramitará por la vía de urgencia la supresión práctica de todas las tasas administrativas autonómicas que gravan la actividad ordinaria, las inspecciones y las autorizaciones de las industrias alimentarias radicadas en la Comunidad.

De forma paralela, ha comprometido la aprobación "de forma inmediata" de un nuevo Decreto de Artesanía Alimentaria de Castilla y León para derogar "el obsoleto régimen de autorizaciones y visados previos" y sustituirlo "por un procedimiento ágil y sencillo" basado en la declaración responsable.

"Esta reforma facultará legalmente al artesano alimentario a utilizar sus distintivos de calidad y comercializar sus productos desde el mismo instante en que registre telemáticamente su solicitud, agilizando los tiempos de acceso al mercado", ha explicado el consejero que se ha comprometido también a impulsar una estrategia específica de fortalecimiento de las figuras de calidad diferenciada de Castilla y León "como instrumento de generación de valor añadido, diferenciación comercial, promoción exterior y defensa de los productores".

En cuanto a la cadena de valor, Pino ha apostado por publicar de manera sistemática y periódica estudios oficiales de costes de producción actualizados para los sectores más vulnerables de la Comunidad --ha citado al sector de los cereales, la patata de consumo, la leche de vaca, la leche de oveja y cabra y la uva-- para dotar a los productores de herramientas objetivas de negociación.

En este punto, ha explicado que la Consejería rediseñará los planes de inspección y control comercial de la cadena a través de un "avanzado sistema inteligente" basado en matrices de riesgo que concentrará toda la presión inspectora y sancionadora en los operadores comerciales que presenten "indicios objetivos de prácticas abusivas, contratos defectuosos o destrucción de valor en origen (venta a pérdidas)".

A esto ha añadido que se aliviará simultáneamente de cargas fiscalizadoras a las PYMES industriales que demuestren un "historial impecable" de cumplimiento normativo.

Por otro lado, ha comprometido una "agilización histórica y calidad de la evaluación ambiental" para lo que exigirá "procedimientos de evaluación ambiental rigurosos" que garanticen la adecuada protección de aguas, suelos y biodiversidad y resulten al mismo tiempo ágiles, previsibles y transparentes. "No podemos tolerar que proyectos empresariales estratégicos, instalaciones ganaderas modernas o industrias agroalimentarias permanezcan bloqueados durante años en los despachos administrativos a la espera de un informe", ha zanjado.

Pino ha reivindicado la necesidad de abrir el debate sobre una reforma más ambiciosa de la legislación ambiental y de estudiar la posible incorporación del principio de silencio administrativo positivo "en determinados procedimientos de evaluación ambiental" cuando, transcurrido un plazo razonable legalmente establecido, la Administración no haya dictado resolución expresa.

"No se trata de rebajar las garantías ambientales ni de sustituir el rigor técnico exigible, sino de reforzar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la responsabilidad administrativa", ha explicado Pino que considera que un proyecto que cumple todos los requisitos legales no puede quedar paralizado de forma indefinida por retrasos burocráticos ajenos al promotor.

"La protección del medio ambiente exige evaluaciones rigurosas, pero también una Administración capaz de resolver en tiempo y forma. Nuestro objetivo es que la Administración no se convierta en un obstáculo permanente para la inversión, el empleo y el desarrollo económico", ha sentenciado al respecto.

En el mismo sentido, ha abogado por impulsar una "revisión profunda" de los protocolos de tramitación interna para "reducir drásticamente" los tiempos de resolución de las autorizaciones ambientales y de las declaraciones de impacto ambiental, "eliminando bucles y duplicidades burocráticas innecesarias, poniendo la agilidad administrativa de forma efectiva al servicio del dinamismo económico de Castilla y León".

Y valorará la participación de entidades colaboradoras para la realización de informes en ese objetivo de que se agilicen los procedimientos.