VALLADOLID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha presentado hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes distintos informes sobre fiscalizaciones, entre ellos el relativo al cumplimiento de sus recomendaciones por parte de las distintas administraciones que, según ha advertido, ha mejorado pero es aún muy mejorable, sobre todo en el caso de la Junta.
De este informe derivado de las auditorías realizadas en el año natural precedente -el quinto que realiza el Consejo sobre el seguimiento de sus recomendaciones- cabe resaltar que en 2017 fueron aplicadas de forma íntegra o parcial un 46% de las recomendaciones del Consejo de Cuentas (55 de las 119 analizadas), con una mejora de 4 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior.
El Consejo de Cuentas valora positivamente la mejora registrada pero considera insuficiente el grado alcanzado en el cumplimiento de las recomendaciones y por ello insta a su puesta en práctica. Las diputaciones aplicaron total o parcialmente un 92% de las recomendaciones, los municipios un 35% y la Junta un 32%.
Dicho informer y otros cinco, junto a otros 14, que se encontraban pendientes de presentación, deben ser objeto de su correspondiente tramitación y debate por el Parlamento autonómico, tal y como establece el artículo 14 de la Ley Reguladora del Consejo de Cuentas.
Los informes de los que ha dado cuenta pormenorizada Amilivia abordan de una manera conjunta la situación de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales mediante contenidos actualizados y variados, favoreciendo el debate político y dando salida a un alto porcentaje de los pendientes de presentación.
Concretamente, Mario Amilivia ha presentado en su comparecencia los informes sobre la situación y actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma, referidos al ejercicio 2016, de las entidades del sector público sujetas al régimen de contabilidad pública, de las empresas públicas, y el de las fundaciones de la Comunidad.
También ha expuesto ante los miembros de la Comisión, amén del ya citado de Seguimiento de las Recomendaciones en el ejercicio 2017, el referente a las Cuentas del Sector Público Local en 2016 y el del patrimonio inmobiliario de la Diputación de Zamora en 2015.
Se trata de cuatro informes incluidos en el Plan anual de Fiscalizaciones de 2018, uno del Plan de 2016 (Patrimonio inmobiliario de la Diputación de Zamora) y uno más elaborado por mandato legal (Seguimiento de recomendaciones), cuyo objetivo es determinar si se han aplicado adecuadamente las recomendaciones formuladas por el Consejo de Cuentas en sus informes de fiscalización, tomando como referencia para el análisis las contestaciones remitidas por los entes auditados.
Con respecto al informe sobre la situación económico-financiera de las entidades del sector público de la Comunidad en 2016, su objeto es una observación de la evolución de la situación económico-financiera de un sector integrado, entre otros, por la Administración General de la Comunidad, agencias y entes públicos, gerencias, institutos, consorcios y Universidades en el periodo 2013- 2016, identificando los indicadores más relevantes, vigilando su comportamiento y alertando a los entes fiscalizados de las desviaciones más significativas detectadas en ellos.
Entre los datos más relevantes del informe figura que el gasto presupuestario ejecutado ascendió a 9.981 millones de euros en 2016, un 6% más que en 2013, y que en el citado periodo las obligaciones por operaciones financieras (889 millones en 2016) crecieron un 75%, superando desde 2014 a las operaciones de capital.
También, que la carga financiera (gastos financieros y amortizaciones en relación a ingresos corrientes) aumenta 5 puntos en el periodo y registra un 14% en 2016, después de alcanzar su valor máximo en 2015.
INSUFICIENCA PARA ATENDER OBLIGACIONES
Una de las cuestiones fundamentales detectadas es que el margen derivado de la actividad corriente es estructuralmente insuficiente para atender las obligaciones exigibles de la carga de la deuda, así como para destinar recursos a financiar inversiones.
Los indicadores obtenidos en relación al número de habitantes de la Comunidad constatan un incremento de la presión fiscal, que se sitúa en 2.223 euros por habitante en 2016.
Los indicadores financieros en materia de endeudamiento reflejan el aumento de la dependencia de las entidades de créditos y/o de la emisión de deuda para obtener financiación, constituyendo el pasivo exigible más de las tres cuartas partes de la totalidad de sus recursos financieros; ratificando lo anterior, la deuda por habitante se ha visto incrementada hasta los 5.710 euros en 2016.
En cuanto a la situación económico-financiera de las empresas públicas de la Comunidad en 2016, el ámbito de esta fiscalización está referido a las empresas incluidas en la Cuenta General de la Comunidad (Castilla y León Sociedad Patrimonial, Centros Europeos de Empresas e Innovación de Castilla y León, y Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León) en el periodo analizado de 2013 a 2016.
En cuanto al análisis y evolución, el activo se reduce en 2016 a un importe total de 528 millones de euros, tras disminuir un 54% respecto a 2013. También, el resultado recupera valores positivos, pasando de -53 millones de euros en 2013 a 3 millones en 2016.
Por lo que respecta a la fundaciones, el ámbito de esta fiscalización está referido a las diez fundaciones incluidas en la Cuenta General de la Comunidad. En cuanto a las cinco dependientes de las Universidades de León, Salamanca y Valladolid, aunque ya no son objeto de agregación en la Cuenta General de 2016, se han añadido a efectos del análisis efectuado en el informe.
El alcance del trabajo no se extiende a cada una de las fundaciones, sino a la cuenta general rendida para todo el sector público fundacional.
Entre las cuestiones observadas, se ha comprobado que el activo se reduce en 2016 a un importe total de 167 millones de euros, tras disminuir un 12% respecto a 2013; y que el excedente, positivo hasta 2015, cambia a negativo al final del periodo analizado hasta situarse en -0,7 millones en 2016.
Sobre las cuentas del sector público local de la Comunidad en 2016,
el objetivo de este trabajo de mandato legal es verificar el cumplimiento por parte de las entidades locales de la obligación de rendir la cuenta general del ejercicio 2016 y comprobar si se ajusta a la normativa respecto a forma y contenido, así como su coherencia interna.
El conjunto, las entidades locales de la Comunidad reconocieron obligaciones por importe de 2.593 millones de euros y derechos por 2.761 millones, lo que arroja un resultado presupuestario agregado de 168 millones. El importe agregado de la deuda viva de las entidades locales sumaba 1.060 millones a 31 de diciembre de 2016, lo que representa un descenso interanual del 13%.
Por otra parte, el nivel de rendición de cuentas de los ayuntamientos al cierre del ejercicio se consolida por encima del 82%.
ACTUALIZAR LA VALORACIÓN DE INMUEBLES EN ZAMORA
Finalmente, en cuanto al patrimonio inmobiliario de la Diputación de Zamora, su Inventario de Bienes y Derechos, aprobado en 2009, fue objeto en 2015 de la rectificación anual que prevé la normativa.
El Consejo recomienda actualizar la valoración de los inmuebles, la aprobación de un plan para la administración de los bienes patrimoniales, así como la implantación del sistema de contabilidad analítica.
