VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las Cortes de Castilla y León han aprobado, con los votos en contra del PSOE y de Unidas Podemos, una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Popular en la que se insta a la Junta a pedir al Gobierno la retirada del anteproyecto de ley de condonación de la deuda "aplicando el acuerdo con partidos separatistas".
La procuradora 'popular' Rosa María Esteban Ayuso ha defendido esta PNL para pedir la retirada del anteproyecto porque "perjudica de forma muy injusta a los ciudadanos de Castilla y León" y es "otra vez" una "operación política" de Pedro Sánchez y del PSOE para "comprar voluntades" que supondrá es pagar 523 euros más a los ciudadanos de la Comunidad.
Así, ha criticado falta de "rigor económico", "corresponsabilidad fiscal" y de debate "serio" sobre el modelo de financiación autonómica de una medida que "nace del pacto de Esquerra y del independentismo con el PSOE de noviembre del 2023" y ha censurado que el anteproyecto carezca de informes de los técnicos o no nazca "del diálogo y del consenso" en el debate del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Esteban Ayuso ha afirmado que con él se rompe la "equidad" entre territorios, se "castiga" a las comunidades que aplican "políticas de austeridad y buena gestión" y supone que "la fiesta de los independentistas y las de Sánchez" se pague entre todos.
"Castilla y León no necesita parches, ni propaganda, ni tratos de favor de unos a otros, necesitamos un sistema de financiación autonómico justo, estable y transparente, que garantice la suficiencia de los recursos para servicios esenciales y que premie la buena gestión, no que la penalice, como es el caso", ha añadido.
Por su parte, la procuradora socialista Rosa María Rubio ha defendido su postura en contra ante una medida que va a permitir que Castilla y León se libere de pagar 3.643 millones de euros, mientras "Mañueco se arrodilla, se pliega una vez más ante Feijóo" y renuncia a 3.643 millones de euros.
Rubio ha asegurado que la Comunidad ahorraría solo en intereses 90 millones de euros al año, dinero que "se puede y se debe destinar a la mejora de la vida de los castellanos y de los leoneses". "¿Qué familia diría no a que le reduzcan la hipoteca? Pues Mañueco, que prefiere que no se la paguen a él con tal de que no se la paguen al vecino del tercero porque no se habla con él".
En esta línea, ha acusado al PP de "mentir" cuando alegan que "es una quita independentista" que beneficia principalmente a Cataluña porque la comunidad con mayor condonación total es Andalucía, "los independentistas sevillanos", mientras la que tiene la mayor condonación por habitante ajustado es la de Valencia, "los independentistas alicantinos" y la que mayor porcentaje de condonación es Canarias, "los independentistas de la Gomera".
En este marco, ha asegurado que "cuando ya no tienen argumentos, pues la muletilla de la financiación autonómica, que el PP no tiene modelo ni lo va a tener" y ha añadido que en los siete años de gobierno del Partido Socialista ha llegado a Castilla y León 30.000 millones de euros más que con los siete años del Partido Popular.
POSTURA "HIPÓCRITA"
También en contra de la propuesta del PP, el representante de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado que al PP le parezca mal todo lo que hace el Gobierno y "practicó" en su momento, con la cesión "a todas las peticiones del Partido Nacionalista Vasco en innumerables ocasiones".
Fernández ha asegurado que no tienen problema en que el Gobierno pueda negociar con las comunidades autónomas una condonación de la deuda, "entre otras cosas porque Castilla y León también va a verse beneficiada de la misma" y cree que así la Comunidad "tendría más ingresos y tendría más liquidez para, entre otras cosas, tener un operativo de prevención y de extinción de incendios durante todo el año", que los comedores escolares fueran gratuitos, o se pudiera destinar el dinero a mejorar la sanidad pública.
"En definitiva, creo que esta iniciativa destila hipocresía y que apesta a demagogia", ha asegurado Fernández, quien ha anunciado su voto en contra.
En representación de Vox, el procurador Miguel Suárez Arca ha utilizado "un pequeño ejercicio pedagógico" porque considera. "A algunos no han entendido muy bien el engaño de la quita de la deuda o pretenden colarnos la doblada", ha señalado Suárez arca, quien ha utilizado Barrio Sésamo y sus personajes "por reducir el nivel".
Así, ha explicado que "Epi y Blas llevan gobernando alternativamente el barrio desde hace aproximadamente 50 años" y durante ese tiempo "han ido cobrando impuestos a los vecinos de Barrio Sésamo para financiar sus fiestas, sus jolgorios, los servicios públicos no, porque esos cada vez están peor, y, obviamente, no son suculentos".
"Epi y Blas le han prestado un euro a Elmo, un euro a Coco, un euro a Espinete y un euro al monstruo de las galletas. Eso es lo que han cobrado en impuestos. Después le han prestado tres euros al monstruo de las galletas, un euro a Elmo y ningún euro ni a Espinete ni a Coco. Y ahora le han perdonado la deuda al monstruo de las galletas y a Espinete", ha relatado el procurador de Vox, quien ha resumido que al final lo que ha ocurrido es que pierden "los de siempre".
Suárez Arca ha afirmado que esto "no es más que otra maniobra de Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa" e intentar aguantar un rato más antes de que se vaya al "banquillo de los acusados" y ha augurado que al final el PP "tragará".
MEDIDA "INJUSTA"
Por su parte, la procuradora de UPL-Soria ¡Ya! Leila Vanessa García Macarrón considera que lo que se debate es "una cuestión de equidad, de justicia territorial y de respeto" hacia aquellas comunidades que han sabido gestionar "con prudencia y responsabilidad sus cuentas" y a su juicio lo que ocurre no es lógico sino una "injusticia institucional de consecuencias profundas para quienes han actuado con rigor presupuestario" y una decisión que no puede tomarse "bajo la sombra del cálculo político o de la búsqueda de apoyos parlamentarios".
Así, ha criticado que la condonación se presente como "un acto liberador, como un alivio que permitirá a las comunidades autónomas respirar y ampliar su margen de actuación social", pero cuando se ven las cuentas y se atiende a "voces expertas" se descubre que la realidad es "muy distinta".
"No se condona la deuda en su conjunto, no se reduce la carga global del Estado, sino que simplemente se redistribuye de manera arbitraria", ha señalado, la procuradora, que considera que el resultado "es perverso" y lo que "se vende como alivio" no es más que una "transferencia pura y dura, disfrazada de justicia social"
El procurador de Por Ávila Pedro Pascual ha apoyado la proposición porque la formación se opone a que dentro del país existan "zonas de primera y de segunda categoría" y tampoco quieren que el 80 por ciento de la población se concentre "en una docena de provincias".
A su juicio, la condonación de la deuda supone "no sólo un acto de dudosa equidad, sino un incremento de desigualdades", tras lo que ha pedido al PP que no se olvide de que también permite "el juego de las desigualdades" y por culpa de sus políticas en Castilla y León también hay "provincias y comarcas de primera, de segunda, incluso de tercera o de cuarta" y ha pedido coherencia para que no haga en la Comunidad lo que no quieren que se haga en el país.
Por su parte, el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea considera que "socializar las pérdidas y privatizar los beneficios no es una política sensata, ni mucho menos de izquierdas" y ha expresado su apoyo a la propuesta aunque la presente el PP, que ha recoradado que "compró voluntades" para mantener a Mariano Rajoy. Además, ha justificado que el sentido de la votación no debe de ir en función de quien presente la iniciativa porque los ciudadanos esperan que sean "sensatos".