VALLADOLID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado en la mañana de este jueves el Decreto Ley por el que se modifica la Ley de la Función Pública de la Comunidad para hacer frente a las sentencias que han anulado los instrumentos que se habían aprobado para organizar la Administración regional y a los amplios plazos y alto grado de litigiosidad que se considera que conllevaría aprobar un tercer Catálogo de Puestos Tipo.
Se trata de llevar a cabo una regulación de los instrumentos de organización que permita elaborar "de forma ágil" las relaciones de puestos de trabajo, o sus modificaciones, que deben acometerse de manera "inminente, con plena sujeción y respeto a las consideraciones recogidas en las resoluciones judiciales determinantes de la situación ahora existente", según ha destacado la Junta.
Las novedades que contiene el decreto ley respecto a la regulación actual incluyen la supresión del catálogo de puesto tipo como instrumento organizativo de la estructura de la Administración de la Comunidad y la obligación de adaptación de puestos que éste imponía, y se considera que el instrumento básico de organización son las relaciones de puestos de trabajo.
También se regula "de manera exhaustiva" el concepto, requisitos, y procedimiento de elaboración, tramitación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo; se regula de manera novedosa la atribución temporal de funciones de inspección administrativa y autoridad en situaciones extraordinarias, para afrontar situaciones como la producida por la COVID-19, y se establece un régimen transitorio en cuanto a los concursos de méritos ordinarios y específicos, hasta la aprobación de las nuevas relaciones de puestos de trabajo.
Según ha subrayado el Ejecutivo regional, además de contar con los preceptivos informes de los Servicios Jurídicos y de la Dirección General de Presupuestos, el contenido de este decreto ley fue respaldado en la Mesa General de Negociación de los empleados públicos y en el Consejo de Función Pública, donde están representadas las organizaciones sindicales, con "un amplio consenso", puesto que obtuvo "24 votos a favor y sólo tres abstenciones".