VALLADOLID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad que tendrá un impacto económico de 155 millones de euros anuales a cargo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, una cantidad "rigurosa" fijada conforme al marco de estabilidad.
Así lo ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado el proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad que impulsa la participación de la iniciativa social en este tipo de políticas y que garantiza acciones positivas para que este colectivo logre hacer efectivo su derecho a la igualdad de oportunidades.
Esta ley contempla un concepto ampliado de discapacidad que incluye tanto a las personas con discapacidad como a las familias y representantes y a las personas en riesgo de padecer alguna discapacidad.
En concreto, el texto legal, que será remitido mañana, viernes 29 de junio, a las Cortes de Castilla y León para su tramitación parlamentaria que podría estar concluida a finales del año, en función del número de enmiendas que se presenten, recoge un nuevo enfoque en la atención a estas personas y permite cumplir el compromiso de legislatura marcado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
La consejera ha precisado que el proyecto de ley, que consta de 76 artículos, no pretende reconocer derechos diferentes para las personas con discapacidad "sino aglutinar en una norma regional todos los derechos establecidos a nivel internacional, nacional o autonómico" y lograr que todos tengan pleno efecto a lo largo del ciclo vital, mediante acciones positivas y un sistema de apoyos y medios específicos para lograr su máxima autonomía personal, su integración sociolaboral, su participación en la sociedad y, en consecuencia, su mayor calidad de vida.
Para ello, el nuevo texto legal establece una doble estrategia de intervención. Por un lado, se luchará contra la discriminación, con promoción de la igualdad en los medios para acabar con estereotipos, prejuicios y prácticas discriminatorias, y por la accesibilidad universal y, por otro, se fijará una política transversal en materia de discapacidad.
De esta manera, se desarrollarán medidas específicas en nueve áreas de actuación: salud, educación y formación, empleo e inserción laboral, servicios sociales, cultura, deporte, turismo, ocio y medio ambiente.
Además, para lograr la necesaria planificación coordinada de todas las actuaciones, tanto en el ámbito autonómico, como local y provincial, la Junta se dotará de un nuevo instrumento, un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad que incluirá informes de impacto e impulso de la investigación sobre discapacidad.
Marcos ha resumido que la futura ley, a la que se ha referido como "muy importante" para todos los afectados, se asienta en los principios de igualdad de oportunidades, la promoción de la autonomía personal, la inclusión, la accesibilidad universal, el diálogo de la sociedad, la transversalidad de las políticas y la responsabilidad pública.
MEDIDAS
Marcos ha precisado además que la ley contempla una atención integrada de carácter social y sanitario para las personas con discapacidad. Además, prevé actuaciones para promover la salud, prevenir la discapacidad, detectar las situaciones que comportan discapacidades y asegurar la asistencia sanitaria, con especial énfasis en el medio rural.
Se plantea una atención educativa específica que favorezca el desarrollo de las habilidades y capacidades que mejoren la calidad de vida, autonomía personal, participación y desarrollo en el entorno familiar y comunitario. También establecerá mecanismos para una transición adecuada entre las diversas etapas y niveles educativos, así como entre enseñanzas de formación profesional y acceso al empleo.
Además, potenciará la integración en todos los niveles y etapas educativas, la promoción de la Formación Profesional, el acceso de las personas con discapacidad a los estudios universitarios y el asesoramiento a las familias del alumnado con discapacidad.
Según la consejera, para lograr la inserción laboral una vez concluida la etapa educativa, la ley recoge la elaboración de un programa integral de empleo, que contemple el acceso al empleo principalmente ordinario, y también al protegido, con especial atención a la orientación, intermediación y apoyo para el autoempleo y desarrollo de proyectos empresariales.
Junto a esto, se prevén planes de igualdad para las personas con discapacidad en las empresas, estableciendo medidas de fomento especialmente dirigidas a pequeñas y medianas empresas, así como la orientación, formación y apoyo para el empleo.
Marcos ha recordado además que el sector de la discapacidad se ha convertido ya en generador de empleo y, por tanto, de crecimiento económico. Así ha informado de que la Junta de Castilla y León ha apoyado desde 2007 a 2011 la creación de 921 puestos de trabajo para personas con discapacidad.
La consejera ha significado asimismo que el nuevo texto legal se centra en una atención personalizada mediante la valoración del conjunto de las necesidades que presente y la planificación de caso e individualización de la intervención.
De este modo, los niños con discapacidad o con riesgo de padecerla contarán con atención temprana, que comprenderá como mínimo la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y la atención de casos. Se apoyará a las personas con discapacidad sobrevenida y las familias y personas cuidadoras recibirán apoyo. Además se impulsarán medidas que favorezcan la conciliación en las familias en las que alguno de sus miembros tenga una discapacidad.
Otra de las medidas incluidas en el texto legal tiene que ver con actividades de sensibilización e información dirigidas a la transformación cultural del conjunto de la sociedad castellanoleonesa en clave de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.
Se impulsará también una política de gestión integral de la accesibilidad universal, que comprenderá la accesibilidad en el entorno (regulando expresamente la utilización de animales de asistencia y de terapia), en la vivienda, en el transporte, la comunicación, nuevas tecnologías y sociedad de la información.
La ley persigue la participación de la iniciativa social en las políticas para las personas con discapacidad, así como la participación de la iniciativa privada en la gestión y provisión de prestaciones para las personas con discapacidad y sus familias.
LA DISCAPACIDAD, EN CIFRAS
En 2011 había 161.183 personas con discapacidad en Castilla y León, de las cuales, el 49 por ciento eran mujeres y el 51 por ciento eran hombres. La prevalencia de la discapacidad sobre el total de su población es del 6,30 por ciento, afectando especialmente a las personas entre 55 y 84 años, con un índice superior al 8 por ciento.
Las características de la población de Castilla y León -baja densidad demográfica debido a su extenso territorio, concentración en núcleos urbanos y consiguiente despoblación y dispersión en el ámbito rural- ha planteado la necesidad de idear y desarrollar prestaciones y recursos adecuados a la demanda de las personas con discapacidad que viven en estas zonas, sin perder de vista la necesidad de optimizar y racionalizar al máximo los recursos existentes. De hecho, cerca de la mitad de las personas con discapacidad viven en entornos rurales -el 45%-.
Además, el grupo de personas con discapacidad se caracteriza por su heterogeneidad, con necesidades específicas de apoyo en función de la problemática concreta que, en cada caso, impliquen las limitaciones en su actividad y participación.
