Pleno del Ayuntamiento de León celebrado este miércoles. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN
LEÓN, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de León ha aprobado en el pleno celebrado este miércoles la nueva ordenanza que regula la tasa de recogida, traslado y tratamiento de residuos en la ciudad, que ha contado con once votos a favor del PSOE, cinco abstenciones de UPL y once votos en contra del PP, Vox y el concejal no adscrito. La tasa supondrá una recaudación de 11,07 millones de euros para cubrir exactamente el coste del servicio con un criterio "de justicia" bajo el principio de "quien contamina, paga".
Con el voto de calidad del alcalde de León, José Antonio Diez, ha salido adelante la nueva ordenanza tras ser elaborada por una consultora externa con la información facilitada por los servicios municipales con el objetivo de tener un documento que responda a la necesidad de cumplir las obligaciones legales de prestación de un servicio obligatorio, que refuerza la seguridad jurídica y que aplica con claridad las cuotas de cada propietario.
Para el Ayuntamiento, se trata de una ordenanza "justa, solidaria y no deficitaria" cuya finalidad es cubrir los costes de recogida, transporte y tratamiento de los residuos municipales, conforme a las exigencias de la Ley 7/2022 de residuos, mediante un reparto entre toda la ciudadanía con criterios objetivos.
La tasa cubre exactamente el coste del servicio sin superávit ni déficit. Para ello, el Ayuntamiento de León parte de un estudio técnico y económico que sitúa el coste anual del servicio en 11,07 millones de euros, calculados a partir de los informes municipales y de la liquidación del convenio de tratamiento con la Diputación de León con el descuento de los ingresos asociados a la recuperación de materiales, que estiman en 6,03 millones el coste de recogida y en 5,04 el de tratamiento. La cifra similar a la del presente ejercicio, que se redistribuye entre todos los usuarios con un criterio "de justicia".
CRITERIOS PARA DETERMINAR CUOTAS
Para determinar las cuotas se han tenido en cuenta las exigencias de la legislación de residuos, el principio de "quien contamina, paga", los costes de gestión del servicio y el principio de capacidad económica.
Estos criterios se han organizado en dos componentes, cada uno con una función concreta. El primero es la tarifa básica, que contribuye a financiar la disponibilidad y el mantenimiento del servicio e incluye una cantidad fija de 24,73 euros al año y otra cantidad que depende del tramo de valor catastral del inmueble, al entenderlo como criterio de capacidad económica. Se aplica un 0,066 por ciento de valor.
El segundo es la tarifa por generación, que distribuye una parte del coste según los residuos que se estima que puede producir cada inmueble. En las viviendas se consideran la superficie y el número de personas empadronadas, mientras que en los comercios, oficinas y otros establecimientos, la superficie y el tipo de actividad, según ha informado a Europa Press un comunicado el Ayuntamiento de León.
Esta separación permite entender el fundamento de cada parte del recibo. El valor catastral sirve para aplicar el criterio de capacidad económica y la superficie, los residentes y la actividad permiten estimar la generación de residuos. Para realizar los cálculos se han utilizado datos oficiales del Catastro.
El estudio incorpora también referencias técnicas sobre la generación de residuos de las distintas actividades económicas. Todo ello queda documentado para que se pueda conocer el origen de las tarifas y comprobar su aplicación.
BONIFICACIONES
La propuesta contempla, entre otras medidas, la bonificación del 50 por ciento para las familias numerosas en su vivienda habitual y la bonificación del dos por ciento por domiciliación bancaria, con el pago en dos plazos. La nueva norma también regula situaciones específicas, como las viviendas cerradas sin suministros y los locales sin actividad.
La tarifa incluye las tasas de recogida y tratamiento de 94,91 euros, lo que representa unos seis euros más que la suma de las tarifas anteriores, pero tiene en cuenta el número de residentes y la bonificación para familias numerosas.
La tasa supone un incremento inferior a la subida del IPC, ya que al no haberse aplicado tasa en 2025 estamos el IPC es de 7,1 por ciento y la tasa se sitúa en un crecimiento del 2,7 por ciento para actividades y un 5,6 por ciento para recibos residenciales.
De esta forma, la nueva tasa corrige situaciones "injustas" como locales cerrados que pagaban como abiertos, personas solas que pagaban como familias o bares que abonaban tasas como comercios.
