El Ayuntamiento de Valladolid adjudica el sistema de cámaras de control de la ZBE con 1,4 millones de euros de coste

   VALLADOLID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este miércoles en Junta de Gobierno la adjudicación del contrato del suministro, implementación y puesta en marcha del sistema de control de acceso en la futura Zona de Bajas Emisiones que se deberá implantar en 2023 y con un coste de 1.435.978,78 euros (IVA incluido), que será financiado en su mayor parte con fondos del PRTR.

   Este ha sido uno de los acuerdos adoptados este miércoles en la reunión de la Junta de Gobierno municipal, presidida por el alcalde, Óscar Puente.

   El acuerdo, correspondiente al Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, resuelve la adjudicación del contrato de suministro e instalación del sistema de control de acceso a la zona de bajas emisiones de la ciudad de Valladolid, que se concede a la empresa Tecnologías Viales Aplicadas (Teva).

   El importe de la adjudicación suma 1.186.760,15 euros con un IVA de 249.219,63 euros, lo que suma algo más de 1,4 millones de euros repartidos en los ejercicios de 2022 (816.822,29 euros) y 2023 (619.157,47 euros). Estará subvencionada en su mayor parte, con 1,2 millones de euros, a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

   Con ellos se abordará la instalación de unas 40 cámaras --la empresa adjudicataria se ha comprometido a implantar cinco más de las previstas, si bien la cifra final está aun por definir según fuentes municipales-- que controlarán las matrículas de los vehículos y comprobarán si están autorizados a circular por la ZBE de acuerdo con las excepciones que se regularán próximamente en la ordenanza que tiene pendiente de aprobar el Ayuntamiento de Valladolid.

   Será un sistema, ha precisado la concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, "como el de otras muchas ciudades".

   Según la edil, el proyecto tiene un plazo de ejecución hasta finales de 2023, si bien se contempla un plazo de "prueba" de seis meses, con objeto de comprobar el funcionamiento la plataforma, para tramitar todos los expedientes relacionados con las exenciones y permisos temporales y un plazo no superior a dos meses en los que no se pondrán sanciones a los infractores, sino que solo se informará sobre los posibles incumplimientos.