El Ayuntamiento de Valladolid reclama la reunión del Consejo de la Sociedad Alta Velocidad al no convocarse para mañana

Publicado: miércoles, 14 septiembre 2016 17:57

VALLADOLID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, ha asegurado este miércoles que tanto él como el alcalde, Óscar Puente, y el edil de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato, han reclamado por correo la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Alta Velocidad que entiende que debería haberse convocado para este jueves, 15 de septiembre.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de la celebración este miércoles de la Comisión de Seguimiento del proyecto ferroviario en el Consistorio vallisoletano, Saravia ha señalado que ha explicado a los grupos políticos la situación de las negociaciones en la Sociedad Alta Velocidad que, ha reconocido, están "complicadas", como considera que sucede en estos procesos.

Asimismo, Saravia ha manifestado su molestia por la no convocatoria para este jueves, 15 de septiembre, del Consejo de Administración de la Sociedad, fecha que ha asegurado que estaba fijada desde el pasado día 1. Por ello, ha apuntado, los tres concejales que son miembros de dicho órgano --él mismo, el alcalde y el concejal Antonio Gato-- han instado por carta a la convocatoria del Consejo.

"Habíamos quedado en un calendario de reuniones porque para el 30 de septiembre tiene que quedar resuelto el problema", ha añadido Manuel Saravia, quien ha reprochado que "nadie tiene prisa" para buscar la solución.

Ha recordado, asimismo, que el "problema" concierne a la Sociedad Alta Velocidad, que, ha asegurado, "tiene esa deuda", pero ha advertido de que no es el único problema, pues ha añadido que el día 30 tiene que resolverse tanto la deuda, como el plan de viabilidad como el nuevo convenio de la Sociedad, tres decisiones que el Ayuntamiento de Valladolid entiende como "interrelacionales".

El edil ha apuntado, con respecto a la Comisión celebrada este miércoles en el Ayuntamiento de la capital, ha explicado la negativa "en principio" de Adif y Renfe a la propuesta de que se hagan cargo de lo que queda de la deuda "inmediata" de la Sociedad y más adelante replantear la financiación de la sociedad para que "no dependa exclusivamente de las plusvalías, sino que una parte dependa de las aportaciones de cada una de las administración".

En todo caso, ha considerado "normal" que inicialmente las entidades dependientes del Ministerio de Fomento digan que no a esa propuesta.

POSIBLE DENUNCIA DE RENFE Y ADIF

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha aseverado que le "suena a broma" el anuncio por parte de Renfe y Adif de una posible denuncia al Ayuntamiento por la negativa a reconocer la deuda dentro de la Sociedad Alta Velocidad, al haber anulado la Carta de Conformidad que en su día suscribió el exalcalde del PP, Francisco Javier León de la Riva.

"Como jurista, que alguien anuncie un ejercicio de acciones legales contra una entidad que se ha limitado a dar cumplimiento a la Ley es de chiste", ha aseverado, al tiempo que ha augurado que la acción "no tiene futuro".

De hecho, lo ha calificado de "farol", planteado además por dos entidades que considera que "no están en situación de tirarse muchos faroles", ya que ha apuntado que en los últimos años el Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad ha tomado decisiones "abiertamente cuestionables", en referencia al préstamo de 400 millones de euros, o la autorización para ampliar el coste de los talleres recién construidos de 50 a 200 millones de euros.

"Sorprende que quien ha tomado decisiones de este tipo tenga el arrojo de amenazar veladamente al Ayuntamiento cuando lo único que ha hecho ha sido cumplir con la Ley", ha incidido.

El primer edil ha subrayado que el Pleno ha aprobado la anulación de la Carta de Conformidad, la cual, ha recordado, "comprometía 100 millones de euros del patrimonio municipal de manera ilícita, no sólo desde el punto de vista administrativo, sino también desde el penal". Por ello, ha defendido, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de anularla "en defensa de los intereses públicos, que son 102 millones de euros".