VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CC.OO en Castilla y León ha expresado hoy su preocupación tras conocer los datos de la inflación en la Comunidad, del 3,7 por ciento en los doce últimos meses, dos décimas más que el conjunto de España (3,5%), lo que ahonda en el deterioro de los salarios y sitúa a la región en una de las más inflacionista, sólo superada por Cataluña y Cantabria.
La organización que dirige Ángel Hernández, a través de un comunicado, entiende que los datos son consecuencia fundamentalmente de la subida del IVA, que se ha trasladado en gran medida a los precios, tanto de manera anticipada (en agosto) como tras su implementación (en septiembre).
Además, existen otros factores que han alimentado esta tendencia: el encarecimiento del transporte (+7,2% interanual en Castilla y León y +6,5% en España), como consecuencia del incremento del precio de los combustibles, agravado en nuestra Comunidad por el llamado 'céntimo sanitario'; el aumento del precio de los suministros de la vivienda (+11,7% en Castilla y León y 10,8% en España), principalmente por las subidas de electricidad y gas; la reducción de las subvenciones públicas a los medicamentos, cuyo precio al consumo se ha incrementado un 16,8% en términos interanuales en Castilla y León, por un 20,7% en el conjunto de España, y el incremento de las tasas universitarias, que han elevado el precio de la Educación universitaria un 21,4% interanual en nuestra Comunidad, por un 22,4% en España.
En su valoración, el sindicato recuerda que España lleva cinco años consecutivos de crisis económica y cuatro trimestres de recaída en la recesión, que según todas las previsiones se prolongará al menos un año más.
En ese contexto, sostiene que la política económica emprendida para abordar la salida de la crisis se basa en una pretendida devaluación interna; esto es, ante la imposibilidad de devaluar una moneda propia que ya no tenemos, centrarse en impulsar una fuerte caída de los salarios y, a través de ello, de los precios, con el fin de tratar de incrementar la competitividad exterior de la economía.
"Sin embargo, mientras los salarios nominales se encuentran estancados o incluso disminuyen, los precios nunca han llegado a moderarse y, ahora, vuelven a repuntar, fruto de una serie de decisiones del Gobierno. Como consecuencia, los salarios reales acumulan una fuerte caída desde 2010, tanto en nuestra Comunidad como en el conjunto del Estado", lamenta CC.OO.
Y es que, en su opinión, este fuerte descenso del poder adquisitivo de los trabajadores, acompañado de enormes recortes del gasto y la inversión públicos y el miedo al creciente deterioro de las condiciones laborales, está llevando a un total hundimiento del consumo privado y, con ello, también de la inversión privada.
Por ello, entiende que la estrategia del Gobierno se ha revelado como totalmente ineficaz para ofrecer una salida de la crisis, pues está prolongando y profundizando la recesión y sus dañinos efectos sociales y está avanzando hacia un cambio de modelo social, con un peso cada vez menor del sector público, un deterioro creciente de las condiciones laborales y un notable incremento de la desigualdad.
La evolución de los salarios y de la inflación, concretamente, está provocando una "brutal transferencia" de rentas desde los trabajadores hacia los empresarios, por importe de más de 30.000 millones de euros en los últimos tres años, con datos de la Contabilidad Nacional del INE para los dos primeros trimestres del año, el equivalente a 3 veces el tamaño de las economías de provincias como León o Burgos.
Así, el sindicato demanda un giro total de estas políticas "ineficientes e injustas", así como una moderación de los precios y el freno de la caída de los salarios reales, con una política económica que propicie una evolución más equilibrada de la distribución factorial de la renta, que permita impulsar el consumo privado y la demanda interna y ponga fin a la "enorme pérdida" de calidad de vida de los trabajadores de este país.
Ello, en su opinión, ha de ir acompañado de políticas de estímulo de la actividad económica y el empleo a partir de la recuperación del gasto público y la inversión pública, que permitan una salida más rápida y más equitativa de la crisis.