CCOO exige responsabilidades a la Junta y la empresa Meridianos tras una nueva agresión en el centro de menores Zambrana

Archivo - Fachada del Centro Regional Zambrana para Menores Infractores.
Archivo - Fachada del Centro Regional Zambrana para Menores Infractores. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 7 julio 2025 13:45

VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha exigido responsabilidades a la Junta de Castilla y León y a la empresa Meridianos como gestora después de una nueva agresión a un educador en el centro de Menores Zambrana.

La Federación de Enseñanza de CCOO ha acusa a la empresa que gestiona el centro de "inacción" ante "otra agresión más" y ha denunciado públicamente lo que considera "ineptitud" de la Consejería de Familia de Castilla y León ante la falta de mejora de las condiciones de las personas trabajadoras en el centro.

El sindicato y la sección sindical del mismo en el centro han expresado su "más absoluta indignación y rechazo" ante lo que consideran "inacción" de la empresa tras una nueva agresión a un educador, así como la "falta de protección y recursos" por parte de la Consejería de Familia.

El sindicato ha asegurado que el pasado viernes, 4 de julio, se produjo esta nueva agresión a un educador por parte de un interno, la cual se produjo "en un contexto de mínimos" porque "de nuevo la plantilla se encontraba sobrepasada ante el incumplimiento de ratio de educadores".

En esta línea, Comisiones ha recordado que el pasado mes de abril ya advirtió a la Consejería de que las medidas propuestas (ahora ya implantadas) para mejorar la seguridad de las personas trabajadoras eran "totalmente insuficientes".

Estas medidas consistieron en la implantación de dos nueva figuras, Auxiliar de Control Educativo-TAI, que proclamaba "estará presente de forma permanente en los espacios en los que los menores desarrollen sus actividades, al tiempo que tendrá capacidad de control y contención", tal y como destacó la Junta el pasado 8 de abril; y la figura del personal de retén. Estos últimos, enfocados a cubrir las ausencias o bajas del personal.

INVERSIÓN SIN FRUTOS

Comisiones ha incidido en que la Consejería de Familia ha invertido para ello un total de 800.000 euros y considera que ha quedado constatado "de manera fehaciente" que ésta "no era la solución" para proteger a las personas trabajadoras del Centro, tal y como recuerda que ya adelantó.

Comisiones ha incidido en que ya advirtió que las medidas anunciadas no cumplían con la totalidad de las demandadas, que contemplaban la creación de recursos específicos con una ratio adecuada, estipulando "obligatoriamente" que los profesionales que lleven a cabo la atención directa sean educadores sociales y no otros profesionales que generan un problema de intrusismo laboral en el sector, además de la precarización del servicio.

En el momento actual, según el sindicato, la figura del retén ya no está activa, de manera que las ausencias o bajas de trabajadores en el centro no se cubren con ésta nueva figura incorporada el pasado abril, dentro de una partida presupuestaria "casi millonaria".

Por su parte, ha afirmado que la entidad adjudicaría del servicio, Meridianos, tampoco está llevando a cabo medidas "óptimas" para la protección de las personas trabajadoras, de manera que los empleados se ven abocados a interponer denuncias en comisarías del cuerpo Nacional de Policía para verse protegidos y amparados.

CCOO ha asegurado que se mantiene "firme" en lo que traslada a la Consejería el pasado 14 de marzo como la reclamación de auditorías inmediatas en todos los centros de menores que son competencia de la Junta de Castilla y León para verificar el cumplimiento de ratios de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, pide la reversión de las externalizaciones de los servicios sociales, suspensión de las licitaciones a la baja y revisión de los pliegos para garantizar condiciones laborales "dignas" además de protocolos específicos de actuación ante situaciones de denuncias previas, así como un análisis "exhaustivo y riguroso" de los diferentes centros y servicios a fin de poder establecer las necesidades de cada uno de estos y dotarlos de forma adecuada a las mismas.

* Creación de recursos específicos una ratio adecuada para el tratamiento adecuado de menores con problemas de conducta y/o salud mental.

* Obligación de realizar la atención directa por educadores/as sociales y no se incluyan a otros profesionales que hacen que haya un problema de intrusismo profesional en el sector. Y que tengamos unas condiciones salariales dignas y adecuadas al desempeño de nuestra labor.

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