Afirma que hay "supuestas amenazas" a profesionales para integrarse en las UGC, que se extienden como "alianzas estratégicas" no negociadas
VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El sindicato Comisiones Obreras ha pedido a la Consejería de Sanidad que dé "marcha atrás" con las unidades de gestión clínica (UGC) y se deje de "caprichos" y "experimentos" de gestión empresarial que cuestan 70 millones cuando no paga deudas contraídas a los profesionales que superan los 50 millones.
Así lo han explicado en rueda de prensa la secretaria general de la Federación de Servicios Sociosanitarios de CCOO Castilla y León, Ana Rosa Arribas Muñoz; la secretaria de Acción Sindical del Sector Sanitario de la Federación, Dalia Madruga Garrido; el secretario institucional de la Federación, Salvador Escribano; y el letrado del Servicio Jurídico del sindicato Juan Carlos Hernández Moreno.
Se han referido así a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que ha anulado la constitución de las unidades de gestión tras el recurso presentado por Comisiones Obreras, un fallo que es recurrible ante el Supremo, paso que el sindicato considera que sería un "grave error" por parte de la Administración, aunque le serviría para ganar tiempo, regularizar las unidades y no desmontarlas, por lo que considera que es cuestión de "voluntad política".
Escribano ha recordado que una sentencia anterior de 2014 ya anulaba la creación de las unidades "piloto" de Zamora y Valladolid, aunque nunca llegaron a desmontarse, y ha incidido en que la anulación por vulnerar la negociación colectiva es algo que no van a permitir.
Además, ha criticado lo que considera un "capricho" del consejero y un "experimento" de gestión empresarial que tendrá un coste de 70 millones de euros que no se presentó a los sindicatos, cuando debería abonar deudas a los profesionales que superan los 50 millones de euros entre los 20 millones de las guardias que no se han pagado desde hace años a pesar de su reconocimiento o los 30 de la aplicación de la Carrera Profesional, a lo que está obligada la Consejería.
Por su parte, Dalia Madruga ha pedido "marcha atrás" en una cuestión que al final "ha saltado por los aires" con esta sentencia y ha criticado el daño que se ha hecho a los profesionales con mermas económicas o modificaciones de turno o a los ciudadanos con fondos públicos gastados "indebidamente", con "oscurantismo", aumentos de conciertos o falta de calidad, ya que se ha reducido en algunos casos la compra de material porque es "muy caro" dentro del intento de una mejor gestión.
