El Comité Europeo de Derechos Sociales reconoce que CyL vulneró la Carta Social pero la situación se corrigió en 2024

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité Europeo de Derechos Sociales ha reconocido que el Gobierno de Castilla y León vulneró en la anterior legislatura la Carta Social con el recorte de fondos por parte de la Junta a los programas sociales gestionados por los sindicatos, pero la situación se corrigió a partir de 2024.

El Comité se ha pronunciado así este miércoles, 17 de junio, tras la denuncia formulada en 2023 por CCOO y UGT tras los recortes a los sindicatos y otras medidas que llevó a cabo el Ejecutivo de Castilla y León entre 2022 y 2024, gobernado entonces por PP y Vox.

Así, el Comité de Derechos Sociales señala que se produjeron vulneraciones de la Carta y del derecho con medidas ilegales como la retirada de finanación y el cierre del Servicio de Relaciones Laborales (Serla), pero en el momento de tomar la decisión sobre esta cuestión la situación se había reparado y el diálogo social se había restablecido, por lo que no declara una infracción vigente del artículo 6.1 de la Carta (derecho de negociación colectiva-favorecer la consulta paritaria entre trabajadores y empleadores) como declararon los tribunales --sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León--.

Así, concreta que, a partir de la segunda mitad de 2024, un nuevo Gobierno regional --tras la ruptura del pacto entre PP y Vox y la salida de los últimos del Gobierno autonómico-- reanudó el diálogo social, volvió a convocar el Consejo del Diálogo Social y aprobó un acuerdo marco tripartito con nuevas estrategias y planes anuales y se restablecieron las financiaciones, el funcionamiento del Serla, etcétera.

De esta forma, el Comité señala que el sistema del Diálogo Social vuelve a funcionar dentro del marco jurídico y, en el momento de decidir, no se vulneran estos derechos.

Los sindicatos denunciaron la situación en junio de 2023 y alegaron que la retirada por parte del Gobierno autonómico de recursos y financiación destinados a los programas que gestionaban les impedía continuar con sus actividades, que incluyen la prevención de riesgos laborales, la promoción de la negociación colectiva, la resolución pacífica de conflictos laborales, la orientación profesional para el empleo, la integración social y laboral de los trabajadores migrantes, así como la promoción del diálogo social, en contravención de las disposiciones citadas de la Carta.