VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -
Una concentración ciudadana mostrará este jueves su apoyo al médico jubilado Luis Ocampo con motivo del juicio previsto en la sede de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, en el número 8 de la calle San José, donde se verá su recurso contra la sanción económica de 600 euros impuesta por participar en 2022 en un acto en favor de la sanidad pública.
El juicio, a partir de las 10.00 horas, viene derivado del recurso contra la sanción impuesta por la Policía Nacional en aplicación de la Ley Mordaza durante el transcurso de una concentración en defensa del Sistema Sanitario Público a las puertas de la Consejería de Sanidad el 11 de mayo de 2022.
En solidaridad con el activista, miembro de la Coordinadora Contra el Narcotráfico de Pajarillos y de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, entre otras organizaciones sociales, y para denunciar el uso de la Ley Mordaza como "herramienta represiva" contra los movimientos sociales, está previsto celebrar una concentración de apoyo a las puertas de dichos juzgados desde las 09.30 horas, según informan los convocantes a través de un comunicado recogido por Europa Press.
El propio recurrente, a través de una carta a la ciudadanía, ha aclarado que no tiene animadversión alguna hacia los cuerpos policiales y que comparte en términos generales la necesidad de que cualquier sociedad disponga de fuerzas de orden público, si bien precisa la necesidad de que éstas se encuentren al servicio de la ciudadanía y orientadas a la lucha contra el crimen.
En este sentido, apunta que a lo largo de su vida ha tenido la actitud de denunciar "cómo las autoridades políticas instrumentalizaban -y siguen instrumentalizando- a las fuerzas policiales para que jueguen un papel activo en el recorte de derechos y libertades, es decir, para que actúen como cuerpos represivos contra las clases populares".
Y es en ese contexto, según sostiene, en el que a lo largo de los muchos años de lucha del movimiento contra el narcotráfico en Pajarillos se ha podido comprobar en numerosas ocasiones cómo desde la Subdelegación del Gobierno se instaba a las fuerzas policiales desplegadas en el barrio, especialmente en los primeros tiempos, a dificultar el pacífico discurrir de las movilizaciones, en vez de confrontar con las bandas de narcotraficantes. "Aquella no era la voluntad de la policía, sino de los que políticamente la dirigían, y siguen haciéndolo", reprocha.
Ocampo añade que, personalmente, ha tenido que pasar reiteradamente por los juzgados por denuncias que, aunque formalmente las hacían determinados miembros de las fuerzas policiales, "estaban inspiradas por las autoridades políticas de uno u otro de los partidos que han gobernado el Régimen en que vivimos. Desde denuncias en relación con la celebración de Villalar, pasando por otras relacionadas con movilizaciones en la calle contra el fascismo, en defensa de los derechos sociales y civiles o, como fue el último caso ante la Audiencia Provincial de Madrid, por un teórico atentado contra la autoridad".
En todos ellos, el activista recuerda que fue absuelto porque el juez o tribunal, dependiendo del caso, consideró que su versión tenía más credibilidad que la aportada por los policías denunciantes "instigados por las autoridades políticas, planteamiento que se recoge explícitamente en la sentencia absolutoria del juicio de la Audiencia Provincial de Madrid del 11-02-2021".