"Ni un sólo euro" de las tasas ha revertido en la Justicia de CyL

Actualizado 02/03/2015 21:06:12 CET
José Luis Concepción, Enrique Sanz y Manuel Martín Granizo en la conferencia
Foto: EUROPA PRESS

VALLADOLID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, ha afirmado este lunes que en la Justicia de Castilla y León "no ha revertido un sólo euro" procedente de la recaudación por tasas judiciales, al tiempo que ha apostillado, sobre la decisión del Gobierno de retirar esta obligación para los particulares, que "rectificar es de sabios".

   Así se ha expresado el presidente del Alto Tribunal antes de ofrecer una conferencia en la sede del Colegio de Abogados de Valladolid acompañado por el Fiscal Superior de Castilla y León, Martín Granizo, en la que ambos han repasado la historia, presente y futuro de la Administración judicial en la ciudad vallisoletana.

   Al ser preguntado por la eliminación de tasas judiciales para particulares anunciada en el Consejo de Ministros del pasado viernes, Concepción ha aseverado que "rectificar es de sabios" y ha recordado que él mismo era partidario de que los ciudadanos que utilicen la Justicia "paguen un poco más" que el resto por un servicio público que "cuesta dinero".

   No obstante, ha recordado que, si bien aplaudió la implantación de las tasas ya manifestó su discrepancia con las cuantías, con el hecho de que se tuviera que abonar antes del proceso y con que pagasen las dos partes del proceso y no sólo el perdedor.

   En todo caso, ha considerado que los ingresos obtenidos por el Estado con el cobro de las tasas, que según el Gobierno han ascendido a 600 millones de euros, "deberían haber revertido en infraestructuras judiciales", por lo que ha concluido que si la finalidad era mejorar la Administración de la Justicia "no la ha satisfecho".

   De hecho, ha aseverado que en el sistema judicial de Castilla y León "no ha revertido un sólo euro" procedente de las tasas.

   En este sentido, en referencia a otro anuncio del Ejecutivo central como la recién aprobada Ley de Segunda Oportunidad, ha preferido ser "muy prudente" porque ha recordado que muchos de los proyectos del Gobierno en materia de Justicia finalmente no se han plasmado en nada.

   Por otra parte, ha explicado que en su ponencia de este lunes pretendía abordar el presente y futuro de la Justicia en Valladolid, lo que considera que "no se puede entender sin el pasado", por lo que repasaría también las peculiaridades históricas de órganos como la Real Chancillería.

   También ha mencionado que la Audiencia territorial heredó sus competencias y ha vinculado este hecho a la "lógica" de que Valladolid acoja salas de lo Penal y de lo Civil desdobladas del TSJCyL, que tiene su sede en Burgos.

   "Si se hace en ciudades que no son capital judicial de su Comunidad como Málaga, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife, lo lógico es que se haga en Valladolid", ha recalcado.

   En otro proyecto que afecta a la capital vallisoletana, como es el del Campus de la Justicia, ha recordado que ya se congratuló de que finalmente se incluyera en los Presupuestos Generales del Estado una partida destinada a avanzar en el mismo y ha mostrado su confianza en que a lo largo de 2015 ya se pueda ver como "realidad" las obras del complejo con el fin de que "desaparezca la peregrinación" de los profesionales de la Justicia por las distintas sedes existentes.

   No obstante, ha reconocido que se suman ya cuatro años "sin crear un sólo órgano judicial" en España a causa de la crisis por lo que ha manifestado el deseo de que la situación económica revierta y "en unos años se retome la creación de salas".

   Por su parte, Manuel Martín Granizo ha apuntado que como consecuencia de la estructuración de la Justicia en torno a la Ley de Demarcación y Planta Judicial y su desarrollo resulta "cada vez más justificado" el desdoblamiento de sedes de lo Civil y lo Penal en Valladolid.

   Asimismo, ha recordado la aspiración de una parte de los profesionales de la Justicia de que el fiscal asuma plenamente la instrucción penal y el juez se limite "a su función" que debería ser la de tomar la decisión y no la de apertura de juicio.