Actualizado 30/06/2022 10:54

Condenado a un año por explotar laboralmente a compatriotas y busca y captura para su hermano y el padre

El ciudadano de origen búlgaro acepta un año de prisión por explotar laboralmente a compatriotas una vez llegados a Tordesillas desde su país.
El ciudadano de origen búlgaro acepta un año de prisión por explotar laboralmente a compatriotas una vez llegados a Tordesillas desde su país. - EP.

VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid ha impuesto una condena de un año de prisión a un ciudadano de origen búlgaro, Kosta A.G, por un delito de explotación laboral de compatriotas en labores agrícolas en la localidad de Tordesillas.

El ya condenado se exponía inicialmente a una condena de siete años de prisión, al igual que su hermano, Atanas y el padre de ambos, Dimitar, quienes no han comparecido y sobre los que pesa una orden de busca y captura tras ser declarados en rebeldía.

El compareciente y su letrado, sin embargo, han pactado una pena de seis meses por un delito simple contra los derechos de los trabajadores y una multa de 540 euros, junto con otros seis meses por pertenencia a grupo criminal, y ha sido absuelto del delito de ocupar laboralmente a un menor de edad, tras estimar la acusación pública que el cometido de Kosta se limitaba al traslado de las víctimas a los tajos y su poterior recogida, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Una vez que su hermano, Atanas, y el padre de ambos, Dimitar, sean detenidos y llevados a juicio, los dos deberán responder de los hechos que les imputa el fiscal del caso, según el cual el cabeza de familia era quien captaba a conciudadanos en su país de origen, tarea que en este caso se vio facilitada por el traslado del acusado a Bulgaria en agosto de 2028 con motivo de la muerte de la hermana de su pareja y entonces contactó allí con familiares de ésta a los que propuso trasladarse a España para trabajar en el campo.

Las víctimas, dada la precariedad de su situación, aceptaron las condiciones para su traslado a España, entre ellas la firma de un contrato de larga duración, al menos de un año; un salario de 6 euros la hora y alojamiento en una vivienda con una alquiler de 100 euros mensuales.

Ante esa perspectiva, una decena de personas se trasladó finalmente hasta Tordesillas, unos en autobús y otros en avión con billetes pagados por Dimitar, con el compromiso de los inmigrantes de abonarlo al empezar a trabajar, y fueron alojadas en una vivienda que el acusado había alquilado en dicha localidad vallisoletana, donde al final se juntaron cerca de veinte.

Una vez en Tordesillas, siempre según la acusación pública, las víctimas fueron sometidas a condiciones laborales sin respetar los derechos que la legislación laboral española reconoce a los trabajadores--no contaban con contrato--y por un salario de 6 euros la hora, de los cuales los acusados se quedaban con 2 por su traslado hasta el tajo y otro más en concepto de comisión por haberles conseguido el trabajo.

En estos hechos, el acusado habría contado con la colaboración de su hijos Atanas en su condición de empresario individual para ofrecer el trabajo de las víctimas a otros empresarios españoles.

CONTROL DE SUS TARJETAS DE CRÉDITO

Solo hubo tres excepciones en las que los afectados fueron dados de alta en la Seguridad Social por contratos cortos, siempre inferiores a los realmente trabajados, si bien en este caso el fiscal apunta que como quiera que las empresas pagaban a estos trabajadores por trasferencia, los acusados les acompañaron hasta las entidades bancarias para la apertura de las cuentas y eran ellos los que se quedaban con las tarjetas de crédito o hacían figurar a la mujer de Atanas como autorizada.

De esta forma, los acusados manipulaban los salarios recibidos por los trabajadores y descontaban las cantidades correspondientes a las comisiones, gastos de traslado y alojamiento. De hecho, todas las personas mencionadas apenan han cobrado pequeñas cantidades por el trabajo desarrollado.

Esta situación se prolongó hasta el día 5 de mayo de 2019, fecha en la que con motivo de la falta de pago de los salarios concertados tuvo lugar un incidente que derivó entre otras diligencias penales independientes.

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