La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y Leó, Isabel Blanco; junto a la presidenta de Conjupes, Adela Cabezas Mayo, y el diputado del Área de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades, David Esteban Rodríguez - EUROPA PRESS
VALLADOLID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha señalado que se hace "obligatorio" un gran pacto de Estado para abordar la cuestión de la reforma de las pensiones, ya que el Gobierno no puede "ir poniendo parches" de manera permanente, "sobre todo cuando se acerca la época electoral".
Por ello, ha subrayado Blanco, es "necesario" sentarse y alcanzar un gran pacto de Estado "como ya fue el de Toledo" para lograr ese sostenimiento de las pensiones, un tema "complejo que hay que estudiar de forma detallada, pero lo que no se puede hacer es poner parches para solucionarlo".
Esta ha sido la valoración que ha realizado Isabel Blanco a los medios sobre la propuesta de la reforma del sistema de pensiones del Gobierno antes de participar en el VI Congreso Nacional de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España (Conjupes) en la capital vallisoletana.
Esta cuestión suscitó una reunión entre el Ejecutivo nacional y los agentes sociales el pasado viernes, encuentro en el que Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propuso cambios en el periodo de cómputo de la pensión para que ésta se calcule o con los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización, de los que se podrán excluir los dos peores, por lo que en la práctica el cómputo en este segundo caso será de 27 años.
Gobierno y agentes sociales se reunieron otra vez este lunes a las 16.30 horas para tratar los temas pendientes de esa segunda fase de la reforma, encuentro en el que los sindicatos ya avanzaron que su valoración general de la propuesta del Gobierno era positiva, aunque esperaban más ambición en otros aspectos.
Por contra, CEOE, Cepyme y ATA expresaron su oposición "frontal" a la reforma planteada por el Ejecutivo. Para los empresarios, la reforma tiene "voracidad recaudatoria" y un carácter "populista", que "socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales" con los sindicatos.