Los constructores acusados de vender un piso rehipotecado se escudan en el "catapumba" del sector inmobiliario

EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El administrador único de 'Eurogestión e Inversión Málaga S.L', Antonio N.A, y su padre, Antonio N.M, apoderado general de dicha mercantil, se han declarado hoy inocentes del delito de estafa que se les imputa por haber vendido en 2004 un piso en un pueblo de Granada 'rehipotecado', cuando en el contrato se hacía constar libre de cargas, y han achacado lo ocurrido, en palabras del segundo de ambos, al "catapumba" registrado a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal ha mantenido su petición de dos años de cárcel para ambos procesados y la obligación de indemnizar a la pareja perjudicada, un matrimonio de jubilados, en la cantidad de 156.000 euros más intereses, mientras que las defensas han solicitado un fallo absolutorio.

En su declaración ante la Audiencia de Valladolid, Antonio N.M. ha dejado bien claro desde el principio que la gestión directa de la venta del inmueble, un ático con garaje y trastero en la localidad de la Rábita, vendido por 156.000 euros, la llevó él directamente, sin la participación de su hijo, y, aunque no ha concretado si informó o no a los compradores de que el piso estaba gravado con una inicial hipoteca suscrita con el Banco Popular, sí ha asegurado que en los dos años siguientes no se escrituró por la negativa expresa de los adquirientes.

En ese periodo, tal y como ha advertido el acusado, en declaraciones recogidas por Europa Press, 'Eurogestión e Inversión Málaga S.L', a raíz de un pleito con un arquitecto, se vio obligada a formalizar una segunda hipoteca con el Popular en 2005 para poder concluir las 47 viviendas de la promoción de La Rábita, y fue entonces cuando se produjo el "catapumba" del sector del ladrillo, con lo que dicha entidad bancaria embargó todos los pisos y otros que la promotora estaba ejecutando en Tudela de Duero.

"Hasta entonces todo iba de maravilla, ibas al banco y nada más abrir la puerta te daban dinero, pero todo se torció y en unos pocos meses los bancos se quedaron con todo", ha explicado Antonio padre, quien por ello ha insistido en que cuando los compradores del piso quisieron escriturar ya era tarde y no había forma de solucionar nada. "Informé al Popular de la situación particular de esta vivienda, pero no hubo forma", ha sentenciado el acusado.

Por su parte, su hijo, Antonio N.A, administrador único de la sociedad, ha corroborado que todas las gestiones las llevó su padre y, tras indicar que él se limitó a mostrar la promoción a los clientes, ha precisado que éstos debían de conocer que sobre el piso en cuestión pesaba una hipoteca con el Popular, ya que así se hacía constar en el cartel anunciador a pie de obra.

"UNA EMPRESA FAMILIAR Y JOVEN"

"Fue la primera promoción que hicimos y éramos una empresa familiar joven", ha declarado Antonio hijo en su intento de hacer constar el escaso recorrido de la mercantil en el sector de la construcción y, por ello, las dificultades que se encontró.

Se da la circunstancia de que el imputado cumple actualmente una pena de cinco años de cárcel por el accidente sufrido en abril de 2011 en Santovenia por una pareja que circulaba en motocicleta y a la que arrolló con su todoterreno y abandonó en el lugar de los hechos cuando conducía bajo la influencia del alcohol y sin seguro.

Frente a la versión exculpatoria de los acusados, Remedios G.F. explicó que cuando ella y su esposo, Feliciano de la F.G, firmaron el contrato de compra-venta y pagaron la totalidad del precio en tres plazos, el último en febrero de 2006, estaban en la creencia de que se hallaba libre de toda carga o gravamen, como así se hizo constar por escrito, y ha asegurado que no escrituraron de inmediato porque Antonio N.M, con quien negociaron en exclusiva, les propuso formalizarla dos años después.

"Me sentía intranquila y empecé a llamarle antes para escriturar, pero todo fueron excusas, hasta que un abogado nos dijo que teníamos que pagar 90.000 euros al banco para quitar la hipoteca", ha declarado la mujer, quien ha añadido que ella y su esposo, que no ha podido declarar por encontrarse incapacitado mentalmente, han recibido una notificación de desahucio del juez de Motril para que desalojen el inmueble antes del próximo mes de septiembre.