Pese al voto favorable, el consejero de Fomento en funciones tacha la medida de "improvisada y enrevesada"
VALLADOLID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
Castilla y León, Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia han solicitado al Gobierno central que modifique la normativa del Bono Joven para "dar seguridad a los jóvenes que quieran acceder a esta ayuda, así como a las comunidades autónomas", según han expuesto sus representantes en la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo convocada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Así lo ha señalado la Junta de Castilla y León en un comunicado de prensa, recogido por Europa Press, en el que detalla la intervención planteada en la reunión de este miércoles por el consejero de Fomento y Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha votado a favor de la propuesta de reparto pero ha planteado varias cuestiones críticas con la elaboración de esta medida "sin participación previa con las comunidades" y con su puesta en funcionamiento.
Además, el comunicado explica que los responsables de vivienda de las comunidades de Castilla y León, Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia han requerido al Ministerio que concrete la definición de esta medida para "evitar su maraña burocrática" en aspectos como las rentas de alquiler, las rentas máximas de los solicitantes y los documentos que acrediten la residencia en la vivienda o habitación.
Los consejeros autonómicos consideraron "improvisada y enrevesada" la puesta en marcha del Bono Joven por parte del Gobierno central y han lamentado que "no haya contado con la opinión de las comunidades autónomas, ni tampoco con el Consejo de Juventud, antes de aprobar esta medida".
El comunicado de la Junta añade que los consejeros han aventurado que, tal y como está diseñado, "va a ser demasiado complejo" el desarrollo del documento y han advertido de que los fondos estatales "llegarán tarde y serán difíciles de gestionar por las administraciones autonómicas debido al galimatías administrativo que se traslada a las comunidades y, lo que es peor, a los ciudadanos".
Los representantes de estas cinco autonomías también solicitaron al Gobierno central el desarrollo de una plataforma informática de gestión que permita a todas las administraciones autonómicas el traspaso de datos en caso de movimientos a otras autonomías por parte de los solicitantes.
Además, han apuntado que la posibilidad de pagar mensualmente o periódicamente "va a hacer inasumible la gestión de estas ayudas".
También critican que el Ministerio "no ha cesado en crear falsas expectativas" pues indican que se anunció esta medida a comienzos de octubre de 2021, se aprobó en enero en el Consejo de Ministros y los fondos, "cinco meses después del primer anuncio, aún no fueron transferidos".
Han asegurado, asimismo, que las cantidades "apenas llegarán a poco más del 1 % de sus posibles beneficiarios".
Por otro lado, según ha afirmado Suárez-Quiñones durante su intervención, remitida por la Junta de Castilla y León, considera que las comunidades se han "acomodado" con el criterio reparto de fondos planteado por el Ministerio, por el cual a su comunidad le corresponde un 5,4 por ciento del total, pese a que asevera que "no se sabe muy bien" cuáles han sido los criterios.
El consejero en funciones ha reclamado un reparto "justo" que tenga en cuenta las peculiaridades de cada comunidad, y en el caso de Castilla y León entiende que sería "de justicia" que existiera un coeficiente corrector ante las condiciones de "dispersión de núcleos de población, envejecimiento y despoblación" que padece la autonomía castellanoleonesa.
PLAN DE VIVIENDA "IDEOLÓGICO"
Los representantes autonómicos han reprochado la falta de asunción por el Gobierno de las sugerencias planteadas por las autonomías durante la elaboración del nuevo Plan de Vivienda 2022-2025, al que han calificado de "ideológico" pues entienden que "únicamente satisface a sus socios de coalición, empeñados en reeditar un modelo intervencionista que no ha funcionado en ninguna parte donde se ha aplicado".
Lo consideran "una hoja de ruta igual de intervencionista que el proyecto de Ley de vivienda, en la que tampoco existió diálogo alguno".
A pesar de ser cofinanciado, han apostillado, el Plan impone que un 20 por ciento de la financiación esté destinada a programas específicos que en su mayoría ya existen en las comunidades autónomas, como puede ser el de la Sareb, concluyeron.
También han manifestado que la regulación aprobada invade competencias autonómicas porque de facto "hace" política de vivienda al exigir la implantación de algunos programas sin respetar las previsiones de la legislación autonómica.
"Es una imposición que choca con las legislaciones autonómicas en muchos casos, que ya contienen previsiones para atender las necesidades de colectivos vulnerables", concluye el comunicado.
