El consejero económico pide retirar el decreto y que las medidas sean solo de obligado cumplimiento para el sector público
VALLADOLID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León incluye entre sus propuestas en materia de ahorro energético dirigidas al Gobierno de España no solo que las medidas sean tan solo de obligado cumplimiento para el sector público y voluntario para empresas y particulares, algo ya anticipado por el propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco, sino también la petición de ampliar el periodo de vida útil de las centrales nucleares.
La referida propuesta ya remitida al Gobierno de Pedro Sánchez se basa en cuatro principios para hacer frente al contexto energético actual, con tres consideraciones y cuatro ejes de actuación que se desarrollan a través de 18 medidas, y la misma se articula en el ofrecimiento que a partir de la última Conferencia Sectorial de Energía se hizo a las CCAA para, en una segunda fase y tras el polémico decreto en vigor desde hace un mes, realizar sus aportaciones ante la posible aprobación de un Plan de Contingencia en otoño.
En este sentido, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien sigue pidiendo la retirada del decreto al considerarlo malo en cuanto a "la forma y el fondo"--los Servicios Jurídicos de la Junta están estudiando si recurren o no ante el Constitucional--, ha explicado que la batería de propuestas ahora remitida al Gobierno pretende hacer valer una serie de principios y posicionamientos de Castilla y León de cara a la próxima Conferencia Sectorial de Energía fijada ya para el día 7 de septiembre.
Entre las numerosas medidas, Fernández Carriedo ha incidido en la petición de ampliar el periodo de vida útil de las centrales nucleares existentes en nuestro país, "al menos durante el tiempo que dure la escasez y hasta tener garantizada la autonomía energética y eliminar la dependencia del exterior".
Esa reprogramación del calendario de cierre de la capacidad de generación nuclear se plantea con todas las medidas de seguridad y garantías a través del Consejo de Seguridad Nuclear.
El consejero ha insistido igualmente en que desde la Junta no se actuará en base a "prohibiciones, sanciones, restricciones y limitaciones" respecto de entidades privadas, en alusión a sectores como el comercio y la hostelería, "a pesar de que se les haya presentado como los principales responsables del incremento del coste de la energía, pues son los primeros interesados en adoptar medidas para reducirlo", de forma que en este caso la respuesta debe ser en forma de ayudas para que adapten sus establecimientos "información, estímulo y apoyo".
En cuanto a su aplicación en el sector público, la propuesta se detiene en los denominados 'Clientes protegidos' como los hospitales, centros de Educación Infantil y Servicios Sociales para ser excluidos de la adopción de esas medidas restrictivas.
En definitiva, se aboga por un plan con el objetivo de bajar el precio de la energía y, por tanto, que desarrolle un marco energético que garantice estabilidad regulatoria, el bienestar de las familias y la competitividad del tejido empresarial, pymes, autónomos y a la industria, como es el caso de las electrointensivas y la cogeneración.
Además, el representante de la Junta ha recordado que Castilla y León es una comunidad autónoma solidaria en el contexto energético actual, contribuyendo a la generación eléctrica de España e impulsando medidas de ahorro en el funcionamiento ordinario de la Administración, y referente en la producción energética.
Así, es líder en potencia renovable con 12.220 MW instalados, y un porcentaje del 90% de producción energética a través de estas fuentes limpias. Además, produce cerca del doble de su consumo, pues de los 27.016 GWh producidos en nuestro territorio en 2021, según los datos de REE, 12.736 GWh fueron consumidos fuera de la Comunidad.
En el texto remitido se hace igualmente referencia a que Castilla y León hace un esfuerzo importante desde el punto de vista del ahorro energético en la administración autonómica.
