VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reclamado al Gobierno fortalecer medios como la UCO o la Fiscalía para atajar la corrupción, al tiempo que ha insistido en la importancia de "respetar" la separación de poderes con la eliminación de la denominada 'Ley Bolaños'. "El que nos ha metido en esta situación difícilmente tendrá los medios, los instrumentos y la voluntad para sacarnos de ella", ha señalado.
Fernández Carriedo se ha referido a las medidas detalladas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para atajar los casos de corrupción y ha subrayando la necesidad de reforzar los medios de persecución del delito, un punto en el que ha puesto como ejemplo la experiencia de la Comunidad en esta materia.
El consejero ha recordado que Castilla y León cuenta "desde hace tiempo" con una Ley de esta naturaleza que "funciona" y ha ofrecido al Gobierno compartir la experiencia del Ejecutivo regional. "Si en alguna medida se nos solicita, que no creo que sea así", ha manifestado.
Respecto a las propuestas del Ejecutivo central, el portavoz autonómico ha considerado que "parece ser que se quiere profundizar en relación con el delito de malversación", lo que, a su juicio, supone "un cierto reconocimiento del error que fue rebajar las penas de malversación por parte de este mismo Gobierno, especialmente en el caso de sus socios separatistas".
Así, Fernández Carriedo ha remarcado que "la dificultad no está tanto en lo que se anunció, sino en lo que falta" y ha insistido en que "las medidas más necesarias pasan por fortalecer los medios de los que disponen la UCO, la Fiscalía y la Administración de Justicia para perseguir los delitos".
En este sentido, ha reclamado "respetar la separación de poderes y retirar la 'Ley Bolaños', que atenta directamente contra esa separación".
Fernández Carriedo ha considerado "muy oportuno que el fiscal general fuera independiente y no estuviera imputado", un punto en el que ha reclamado la dimisión del actual responsable, Álvaro García Ortiz, y la designación de un fiscal "al servicio de la persecución del delito".
A su juicio, el Gobierno central ha "relajado su situación" en la lucha contra el fraude y la persecución del delito, y ha advertido de que "de ese relajo trae algunas consecuencias", por lo que ha insistido en la importancia de "reforzar los medios de la Administración de Justicia y la Administración General para la lucha y persecución del delito y garantizar una clara separación de poderes".
Por último, Fernández Carriedo ha pedido una vez más la convocatoria de elecciones, ya que, como ha defendido, "para cambiar las cosas es necesario dar la voz a los ciudadanos".