La defensa de Bravo: "El fiscal sostiene que mi cliente y Delgado se miraron a los ojos y dijeron, ¡cohechemos!"

VALLADOLID 14 Ene. (EUROPA PRESS) 

La defensa del exdirectivo de Iberdrola Ricardo Bravo, uno de los once encausados por la supuesta 'trama eólica' que se juzga desde hace cuatro meses en la Audiencia de Valladolid, ha pedido un fallo absolutorio al tribunal este miércoles tras criticar el argumentario del Fiscal Anticorrupción que trata de implicar a su cliente en delitos de cohecho y prevaricación a título de cooperador, atendiendo a una supuesta concertación con el principal inculpado, el exviceconsejero de Economía de la Junta en la época investigada, Rafael Delgado, para repartirse el 'pastel' eólico en Castilla y León.

En su informe final, el representante legal del exdelegado institucional de Iberdrola en Castilla y León y exconsejero delegado de su filial Biovent entre 2000 y 2007 ha descartado la prevaricación por cuanto, como así ha recordado, tal delito "que resucita" ahora en el juicio el Fiscal Anticorrupción ni siquiera se le atribuía a su cliente en el auto de apertura de juicio oral, "lo que supone una vulneración del derecho de defensa", pero también ha intentado desmontar el delito de cohecho pues el acusador público, a su juicio, no llega a concretar de quién partió la iniciativa de urdir la supuesta trama.

"El acusador público viene a decir que mi cliente y el señor Delgado, deambulando por Valladolid, se encontraron casualmente, se miraron a los ojos y se dijeron,¡ cohechemos!", delito que, por otro lado, el defensor entiende probadamante prescrito y al que, como en el caso de la prevaricación, habría que aplicar ante una supuesta condena la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas al transcurrir entre el inicio de la causa y el presente juicio más de dos décadas.

En su extensa intervención, el defensor, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha particularizado el caso del ex director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, al que ha llegado tildar de "testigo estrella" del Fiscal Anticorrupción o ese "señor de luz" en el que la acusación pública fundamenta la incriminación de su representado y que en fase de instrucción llegó a figurar primero como investigado para posteriormente, en su tercera declaración, pasar a ser considerado testigo, y ello a pesar de que esta persona figura inmersa en todos los acuerdos investigados.

En cualquier caso, el representante de Bravo sostiene que a lo largo del juicio no se ha podido acreditar que el acusado se concertara con Delgado siguiendo las instrucciones del entonces consejero económico, Tomás Villanueva, para repartir las autorizaciones de parques eólicos imponiendo la incorporación de socios locales.

"No hay prueba directa ni indiciaria. Lo que hace el señor fiscal es poner sobre la mesa unos sucesos y normativa. Es como si hubiese ido a Ikea y ahora dijera al tribunal: ¡monta ese mueble!", ha reprochado irónico el letrado, quien también ha mostrado su extrañeza por el hecho de que la acusación pública hubiera retirado los cargos contra otros dos exdirectivos de Iberdrola, sin dar explicación alguna, y se mantenga encausado al suyo como si actuara como uno "lobo solitario" dentro de la compañía.

Tras recordar que la entrada de socios locales en el negocio eólico fue una práctica generalizada en distintas comunidades autónomas, justificada en el caso de Castilla y León porque entonces había una "salvaje demanda" de autorizaciones y muchas limitaciones por falta de evacuación a la red, la defensa de Bravo, a quien se piden seis años de cárcel y 100 millones de multa, ha sostenido que Iberdrola actuó de la misma forma que otras grandes hidroeléctricas como Endesa o ACS y que los acuerdos para la promoción de parques con San Cayetano, a través de la sociedad vehículo Energía Global Castellana, y con el industrial y ex director general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, se ejecutaron dentro de la más estricta legalidad.

En el primer caso, Alberto Esgueva, otro de los encausados, obtuvo de Iberdrola 47,1 millones de euros por la reventa de sus acciones en la sociedad tres años después, mientras que Martín de Paz recibió algo más de cuatro. En ambas operaciones, el defensor insiste en que tales cantidades, "a precio de mercado", no son fruto de dádivas sino el pago por el valor del 40 y el 20 por ciento, respectivamente, que los dos aludidos tenían en dichas sociedades y decidieron vender al no poder afrontar las inversiones que se les requería para poder seguir con la construcción de los molinos de viento.

"Dónde están esas dádivas, estamos hablando de economía de mercado. De esas cantidades no ha quedado probado que parte fuera a parar al bolsillo del señor Delgado", ha apuntado el defensor, que por ello ha pedido al tribunal una sentencia absolutoria. "Al principio de este juicio pregunté a un colega por la tendencia de esta sala, ante la cual es la primera vez que intervengo, y se me dijo que tenía una querencia a la condena. Meses después, estoy convencido de que su sentencia será justa", ha concluido.

LA ACUSADA "MÁS ALEJADA DE LOS HECHOS"

La sesión la abría el letrado de María del Mar Moreno, exmujer del industrial Alberto Esgueva, imputada en la causa por delito continuado de cohecho--le piden cuatro años y 215.000 euros de multa--, para la que también ha pedido un fallo absolutorio de la sala por considerarla la persona "más alejada de los hechos" que se investigan en este proceso "inexistente e infinito en términos astronómicos" y que, como así ha denunciado, "ha sido utilizada por el Fiscal Anticorrupción como comodín prospectivo" por el mero hecho de haber estado casada con uno de los encausados.

En su caso, a María del Mar se le imputan sendos cohechos, que su letrado entiende prescritos, por la venta al viceconsejero Rafael Delgado de un apartamento en Comillas por importe de 251.000 euros el 27 de enero de 2005 y la casa unifamiliar de ella, por 330.000 euros, en la urbanización de El Pichón en Simancas (Valladolid), supuestas dádivas en favor del exalto cargo de la Junta que para su representante legal "no aparecen por ninguna parte. Lo único que ha ganado esta mujer es nueve años de pena de banquillo, con el desasosiego que ello le ha generado", ha reprochado.

Prueba, a su juicio, de que María del Mar ha sido llevada a la causa de forma forzada se ejemplifica en que "de los 130 minutos que utilizó el señor fiscal en su alocución, tan solo tres y medio de ellos se centraron en la acusada y quedaron circunscritos a la venta de la casa de Simancas, donde se indica que esa dádiva es que se vendió 100.000 euros por debajo de la tasación, cuando a lo largo del juicio se ha probado por activa y pasiva que la rebaja obedeció a que el inmueble exigía de importantes reformas", ha justificado el defensor, quien ha recriminado al acusador público por "pasarse tres pueblos con sus correspondientes parques eólicos".

La jornada la ha cerrado el defensor del aludido Andrés Martín de Paz para, con independencia de la prescripción, solicitar también su libre absolución en un alegato en el que ha llegado a emocionarse en determinados momentos y en el que ha confesado sentirse "triste, decepcionado, preocupado y perplejo" con motivo de la construcción de una acusación injusta que tiene su origen en la investigación de un funcionario de Hacienda que "ve fantasmas" por todas partes y que pretende "sacrificar" a su cliente por algo que a lo largo del juicio "los hechos y la lógica jurídica han dejado sin fundamento".

El acusado se enfrenta seis años de prisión y una multa de 8 millones de euros. "El único socio tributario que ha tenido mi cliente es Hacienda, que de todo el dinero recibido se ha llevado un cinco por ciento", ha sentenciado con ironía el defensor.

El juicio de la 'trama eólica' encara la próxima semana su finalización con los informes del resto de defensas, que el lunes realizaron los hermanos Patricio, Miguel Ángel y Alejandro Llorente, de Grupo Collosa, para los que se solicitan seis años de privación de libertad y multas de 45 millones.