Las defensas en 'La Perla' vuelven a la carga con su petición de nulidad y prescripción

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, Miguel Donis, ha emplazado al lunes de la próxima semana a la partes personadas en el denominado 'caso de La Perla Negra' con el fin de poder resolver entonces todas y cada una de las cuestiones previas que le han planteado y que, con carácter general, invocan la nulidad de actuaciones y denuncian su indefensión ante la falta de certificación de que han recibido toda la documentación de la causa.

El procedimiento judicial se dirige contra doce personas, entre los que figuran los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, junto con otros cargos y empresarios, a quienes se investiga por delitos de prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos con motivo de las operaciones relativas al Edificio de Soluciones Empresariales (Edificio de 'La Perla Negra') en Arroyo de la Encomienda y el fallido Polígono Industrial de Portillo.

Será por tanto el próximo lunes cuando el tribunal sentenciador dé respuesta a las defensas de las distintas cuestiones que este lunes, 26 de febrero, han ido exponiendo a lo largo de la primera y densa jornada que se ha prolongado durante tres horas y media y en la que los letrados de buena parte de los doce encausados han hecho causa común en su intento de que lo actuado retorne al Juzgado de Instrucción número 2.

En el caso de que ese día la Audiencia Provincial desestimara las pretensiones de los defensores, el juicio entraría en su segunda jornada con la declaración de los seis primeros testigos, el primero de los cuales, Jesús C.O, lo haría por videoconferencia.

La falta de certificación de la Letrada de la Administración de Justicia de Instrucción 2 de que las partes han recibido la totalidad de la documentación, algo que ya en marzo y diciembre de 2021 obligó a la Audiencia Provincial a devolver la causa al instructor, ha vuelto a ser alegado por la mayoría de las defensas como causa de nulidad de actuaciones porque, como así ha apuntado el letrado de Begoña Hernández, no les consta que se les hayan entregado todos los papeles.

Pero a mayores, los defensores han apelado a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ante la falta de concreción de los delitos que se imputan a sus patrocinados y también han alegado la vulneración de derechos por dilaciones indebidas que, como así ha denunciado el abogado de Hernández, "produce una nulidad absoluta", algo que para otras defensas debería suponer en el peor de los casos motivo justificado para una atenuación muy cualificada de las penas en caso de supuesta condena.

"La denuncia de los hechos data de 2012, el primer auto es de 2015 y los imputados no declaran hasta 2017", ha advertido el defensor de Begoña Hernández, en declaraciones recogidas por Europa Press, en su intento de hacer valer esas dilaciones indebidas, aunque en el rosario de cuestiones previas expuestas por las defensas se incluye igualmente la prescripción de los delitos de revelación de secretos y tráfico de influencias que sitúan en el horizonte de 2005.

"FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA JUNTA"

En el caso de Rafael Delgado, uno de los supuestos cerebros de las distintas operaciones investigadas, su defensor ha ido todavía más allá y ha pedido al tribunal que aparte de la causa a la Junta de Castilla y León por "falta de legitimación activa".

Y es en noviembre de 2015 ADE Parques Gesturcal era la que tenía la legitimación activa antes de decidir apartarse de las diligencias al entender que no había resultado perjudicada y no fue hasta mayo de 2016 cuando la Junta se sumó a la causa como acusación particular a partir de una orden dada por la entonces consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.

"Es el Ministerio Fiscal el que tiene que velar por los intereses de la sociedad, no la Junta haciendo gala de una hipertrofia procesal", ha criticado el defensor de Delgado, quien, también como cuestiones previas, ha denunciado el carácter "prospectivo de una investigación general" que se inició sobre su cliente a partir de una "denuncia anónima" y ha mostrado sus discrepancias ante el hecho de que se haya permitido al Partido Socialista, personado como acción popular, incorporar un presunto delito de cohecho contra su patrocinado por la operación de compra-venta de un piso en el Paseo de Zorrilla.

De entre los defensores, el único que ha mostrado su oposición a una nueva suspensión de la causa ha sido el representante de Francisco Armero Gutiérrez, ex director financiero de ADE Parques y Gesturcal, precisamente la persona de quien hace unos días el Partido Socialista de Castilla y León denunció que la empresa de la es actual director financiero gestionará 15 millones fondos europeos.

"PENA DE DESCONSUELO INSOPORTABLE"

"Nos oponemos a una nueva suspensión del juicio pues la pena de desconsuelo que ya está sufriendo nuestro cliente es insoportable", ha apuntado el defensor al apartarse del criterio general del resto de letrados que aboga por una nueva devolución de lo actuado al instructor.

Todas y cada una de las cuestiones alegadas por las defensas de los encausados han sido rechazadas por las tres acusaciones, la pública ejercida por la fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente, Ana Valle, y las representadas por la Junta y el PSCyL, en calidad de acusaciones particular y popular, respectivamente, y ello a pesar de reconocer todos ellos que sigue sin existir una certificación efectiva de que se haya entregado a las partes la totalidad de la documentación.

"La documentación se ha entregado a las partes de forma individualizada. El que no se haya expedido esa certificación no puede alegarse como indefensión", ha insistido Ana Valle, quien, respaldada por las otras dos acusaciones, también se ha opuesto de forma frontal a la denuncia de falta de legitimación activa de la Junta, al considerar que puede ejercitar acciones en calidad de perjudicada, y ha considerado legítimo el inicio de una investigación a partir de una denuncia anónima y ha rechazado la prescripción de los delitos alegada por las defensas.

La causa de 'La Perla Negra' guarda relación con la compra de un edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2 de Arroyo de La Encomienda (Valladolid) y también con la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona.

En relación al edificio de 'La Perla Negra', la fiscal del caso sostiene que la actuación de los acusados dio lugar a que la Junta pagara por el inmueble 60.499.800 euros, cuando su valor no debió superar los 50.000.000, aproximadamente, y que hiciera frente al abono de 9.787.472,55 euros, correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de Urban Proyecta PM3 S.L.

Por lo que atañe a los terrenos adquiridos en el término municipal de Portillo, las actuaciones concertadas por los acusados, no sólo habrían determinado un considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por Ade Parques--sin perjuicio de su concreción final, superior a los 3.000.000 euros--sino también el pago de otros conceptos que, dejando al margen los que pudieran ser dudosos, supusieron al menos 3.351.438,92 euros.