Una detenida y un encausado por estafar 2.250 euros a una mujer con un falso alquiler de vivienda en Valladolid

Investigación de la Guardia Civil.
Investigación de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 10 noviembre 2026 11:17

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 36 años y nacionalidad extranjera, ha sido detenida y un varón ha sido encausado judicialmente por la comisión de un delito de estafa mediante un falso alquiler de vivienda en Valladolid, ya que hicieron pagarles 2.250 euros a una mujer, de su misma procedencia, sin proporcionarle el servicio que le ofrecían, según han informado fuentes de la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

La investigación se inició en septiembre de 2026, tras detectarse informaciones y publicaciones en medios de comunicación que alertaban de las posibles estafas sufridas por personas de nacionalidad extranjera, que buscaban vivienda en alquiler en Valladolid.

Estas informaciones "pusieron de manifiesto la existencia de un posible patrón delictivo consistente en captar a las víctimas mediante falsas promesas de acceso a viviendas".

Así, cuando una mujer de nacionalidad extranjera, que acababa de llegar a Valladolid, formuló denuncia ante la Guardia Civil en la que manifestaba haber sufrido una posible estafa por parte de un matrimonio de su misma procedencia quienes supuestamente la ayudaban a buscar una vivienda.

Según manifestó, estas personas eran conocidas dentro de la comunidad de la nacionalidad de los implicados por ofrecer ayuda para encontrar viviendas y empleo a ciudadanos recién llegados a España.

La denunciante manifestó que mantuvo comunicaciones con la ahora detenida mediante aplicaciones de mensajería instantánea y llamadas telefónicas, a través de las cuales ésta le transmitía instrucciones relativas a la supuesta gestión de la vivienda, con una "apariencia de legitimidad y confianza sobre la operación".

La Guardia Civil considera que la implicada se aprovechó de la situación de necesidad de la denunciante y "la urgencia por acceder a una vivienda", pues le solicitó inicialmente un pago de 500 euros para realizar diversas gestiones relacionadas con la búsqueda del inmueble y, posteriormente, exigió otros 500 euros ante la necesidad de agilizar los trámites para formalizar el alquiler.

Una vez realizados ambos pagos, la detenida puso en contacto a la víctima con un hombre, de la misma nacionalidad, al que identificó como supuesto propietario de la vivienda, quien solicitó un nuevo pago por importe de 1.250 euros, cantidad que la víctima abonó convencida de la veracidad de la operación.

Tras la recepción de los distintos pagos, las personas implicadas cesaron toda comunicación con la denunciante y no se llegó a formalizar contrato alguno ni a facilitar el acceso a la vivienda prometida. La mujer pudo comprobar posteriormente que había sido víctima de un engaño.

El análisis de los movimientos bancarios permitió determinar que parte de los fondos fueron transferidos a una cuenta bancaria cuya titularidad correspondía a la ahora detenida, mientras que el resto fue recibido en una cuenta titularidad del hombre que se hacía pasar por propietario de la vivienda.

La investigación permitió constatar indicios de participación de ambas personas que habrían actuado de manera coordinada.

"La celeridad en la actuación realizada, resultó determinante para la rápida identificación y localización de los presuntos responsables, lo que permitió minimizar el riesgo de que otras personas pudieran resultar perjudicadas mediante el uso del mismo procedimiento fraudulento", ha asegurado la Benemérita en el comunicado.

La Guardia Civil procedió a la detención de la mujer tras verificar que era titular de varias de las líneas telefónicas utilizadas y de una de las cuentas bancarias donde se recibió parte del dinero estafado a la víctima.

La investigación sigue abierta ante la posible existencia de otras víctimas afectadas por hechos similares, así como para esclarecer la participación concreta de cada uno de los investigados y el alcance total del perjuicio económico causado.

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