Detenido para juicio un presunto 'narco' de la 'Operación Almendro' que no fue juzgado en 2025

VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid sentará en el banquillo el próximo día 20 de marzo a una de las diez personas acusadas de formar parte de una red de tráfico de drogas desarticulada en 2024 en el marco de la denominada 'Operación Almendro' y que el pasado año, al encontrarse en paradero desconocido, eludió el juicio que dicho tribunal celebró contra otros ocho que sí comparecieron en la vista oral. Siete de ellos fueron condenados entonces a penas que en su conjunto suman 38 años de cárcel.

Ahora, una vez localizado y detenido Valentín C.P, quien se expone a una pena de ocho años y seis meses de cárcel y multa por importe de 70.000 euros, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial celebrará el correspondiente juicio contra él en solitario. Queda otro encausado más por localizar, Martín I.G, contra quien en su día, en el momento en que sea igualmente interceptado, será sometido también a enjuiciamiento de este mismo tribunal, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Se da la circunstancia de que en el juicio por estos mismos hechos celebrado en septiembre de 2025 testificó como instructor del atestado policial quien por aquellas fechas aún era jefe del Grupo de Estupefacientes de Valladolid, Luis F.R, quien dos meses después, en los primeros días de diciembre de ese mismo año, sería detenido por agentes de la Unidad de Asuntos Internos por su presunta implicación en una red de tráfico de drogas junto a otra casi decena de personas, parte de ellas de nacionalidad española y otras de origen dominicano.

Tras el referido juicio, el tribunal sentenciador impuso a siete de lo ocho ocupantes del banquillo un conjunto de penas que suman casi treinta y ocho años de cárcel al considerar probada su vinculación con un grupo organizado desarticulado en mayo de 2024 en una operación que se saldó con la incautación de más de tres kilos de distintas sustancias con motivo de los registros efectuados en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero, Madrid y Morales de Toro (Zamora).

La mayor de las condenas recayó entonces en Tamara G.T, en total siete años y nueve meses de privación de libertad y multa de 18.673 euros por un delito de tráfico de drogas, en su modalidad de notoria importancia, y tenencia de armas prohibidas; seguida de las impuestas al autor confeso Enrique S.S, que es la pactada con el fiscal de seis años y un día y multa de 16.500 euros, así como los seis años y multa de 3.655 euros a José Ignacio S.C. por tráfico de drogas y grupo criminal, y los cuatro años y seis meses a Javier M.D, Jesús C.M, Alberto G.A. y Kevin dos S.P, en todos los casos con multas también por importe de 3.655 euros.

En su fallo, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial absolvió, sin embargo, a Verónica C.G, quien se exponía inicialmente a una condena de cuatro años y tres meses de cárcel y una multa de 2.000 euros. "En cuanto a la acusación contra ella por su colaboración con Tamara en la venta de sustancia estupefaciente, teniendo además las llaves de trasero de la calle Prado n°5, de Valladolid, en la que se encontró una parte de la sustancia estupefaciente y útiles para su manipulación y posterior venta, esta Sala estima que no ha resultado debidamente acreditada dicha colaboración a la que se hacía referencia en el escrito acusación del Ministerio Fiscal", justificó el tribunal sentenciador.

La fiscal del caso entendía que la prueba practicada a lo largo del juicio constataba que los ocho ocupantes del banquillo se habían "compinchado" para conformar un grupo criminal, cada uno con un papel asignado, para la adquisición de droga que luego distribuían en distintas plazas.

En esa organización, el fiscal atribuía el papel de "cabecilla" a Javier M. ('Mota'), vecino de Madrid en cuyo trastero la policía se incautó de sustancias, fundamentalmente cannabis y cocaína, por valor de 3.665 euros, mientras que la vallisoletana Tamara G, residente en Madrid pero usuaria de un trastero en Laguna de Duero donde fueron halladas drogas valoradas en 2.182 euros, sería la "taxista" de la banda, y todo ello con la supuesta colaboración de la también vallisoletana Verónica C, la única absuelta, y del resto de los inquilinos del banquillo, otros cuatro vecinos de Madrid y el residente en Morales (Zamora), en cuyo chalé fueron localizados casi 800 gramos de speed valorados en 16.474 euros que, según sostiene el acusador público, le habían sido proporcionados por la primera de ambas mujeres.

Sin embargo, los acusados se declararon inocentes y en el caso de la citada Tamara y el supuesto líder de la banda, Javier ('Mota'), justificaron el hallazgo de sustancias en su casa y los trasteros en el hecho de que las mismas eran para su autoconsumo, dada su condición de toxicómanos.

PARA FUMARSE UNOS "PORROS"

En el caso de Tamara, la acusada explicó que utilizaba el trastero de Laguna para guardar distintos efectos y fumarse unos "porros" con sus amigos y ha asegurado además que su supuesto papel de "taxista" obedecía a que 'Mota', titular de una empresa de pinturas en Madrid, carecía de carné y ella se había ofrecido a trasladarle a distintas obras para que pudiera confeccionar presupuestos. Se desvinculó también de la pistola táser localizada en el trastero al apuntar que desconocía su existencia ya que otras dos o tres personas tenían también la llave del local.

Su amiga Verónica, a la que el fiscal acusó de valerse también del citado trastero de Laguna para efectuar ventas de droga por delegación de la anterior y que ha sido absuelto, fue la única que respondió a todas las preguntas, no solo de su defensa sino también del fiscal, para rechazar tal incriminación porque, como así advirtió, ni siquiera tenía la llave del local. "He estado en ese trastero acompañando siempre a mi amiga Tamara y lo único que he hecho allí es echar un parlao con ella", zanjó.

LA DROGA, "MI DEMONIO"

Otro de los encausados, Jesús C.M, vecino de Madrid, indicó que conocía al presunto cabecilla, 'Mota', y a Alberto G. ('Pocholo'), porque les había contratado para realizar obras en su casa ante la condición de pintor del primero y de electricista del segundo, como luego corroboraron los aludidos, y negó dedicarse al tráfico de sustancias, aunque sí confesó su grave adicción a ellas. "Esa drogadicción me ha dejado una minusvalía del 75 por ciento por la que percibo una pensión de 500 euros. Tengo antecedentes pero por robar y pegar a otros para conseguir la droga, que es mi demonio", lamentó el ahora condenado.

El último en tomar la palabra, José Ignacio S.C, se declaró también inocente y apuntó que conocía a 'Mota' y 'Pocholo' por ser amigos del barrio de toda la vida, al tiempo que recordó al tribunal que ni ha sido objeto de registro por parte de la policía y que tampoco se le intervino sustancia alguna en la denominada 'Operación Almendro'.