La deuda de Castilla y León se situó en 13.865 millones en 2023

   VALLADOLID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La participación de Castilla y León en la deuda total de las comunidades autónomas se mantiene desde 2013 en el cuatro por ciento, mientras que el volumen en términos de contabilidad nacional en la Comunidad ascendía al cierre de 2023 a 13.865 millones de euros, con un incremento interanual del 4,1 por ciento.

   Así se desprende del informe sobre el 'Análisis del endeudamiento de la Administración autonómica, ejercicio 2023" que ha aprobado el Pleno del Consejo de Cuentas y que ya ha sido enviado a las Cortes.

   Se trata de un informe específico sobre endeudamiento, realizado por segundo año consecutivo, complementario al de la Cuenta General de la Comunidad y constituye una auditoría combinada, operativa y de legalidad, consistente en evaluar el endeudamiento del sector público autonómico, tanto desde el punto de vista de las entidades, como en términos de contabilidad nacional, verificando la normativa en materia de estabilidad presupuestaria.

   En el pasivo del balance consolidado de 2023 figura un endeudamiento de la Administración autonómica de 16.980 millones de euros, compuesto por deudas con entidades de crédito por importe de 10.042 millones, emisión de obligaciones y bonos en una cuantía de 3.645 millones, otras deudas cifradas en 770 millones, deuda comercial en 2.474 millones y pasivos por impuesto diferido en 48 millones.

   Su incremento con respecto al año anterior es del 3,5 por ciento. En 2023 aumentó el endeudamiento tanto por deuda con entidades de crédito, 529 millones, como por la deuda derivada de emisiones de obligaciones y bonos realizadas, 31 millones, además del aumento de la deuda comercial, 57 millones.

   La Administración general tiene en su balance deudas con entidades de crédito por un total de 9.576 millones (a largo plazo y a corto plazo), lo que supone un incremento del 5,96 por ciento respecto a 2022.

   Como consecuencia del resultado de la fiscalización, el Consejo de Cuentas mantiene las dos recomendaciones del ejercicio anterior. En primer lugar, sería recomendable que la Consejería de Economía y Hacienda inste la actualización del artículo 191 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público, que define la deuda de la Comunidad, para incluir, al menos, la deuda de todas las entidades que forman parte del perímetro de consolidación.

   Por otra parte, teniendo en cuenta el volumen de pasivos contabilizados en el balance consolidado, sería aconsejable que la Comunidad vigilara el comportamiento tanto del indicador de endeudamiento general, como de los índices de autonomía financiera y de estabilidad, para cambiar su evolución con el fin de garantizar una mayor generación de recursos propios que sea suficiente para atender las necesidades económicas.

PRÓXIMOS EJERCICIOS

   El informe recoge que en los próximos cinco ejercicios tendrá que hacer frente a la amortización de 6.609 millones, la mitad del importe total, y en diez años tendrá que asumir el vencimiento del 86,95 por ciento del saldo de deuda viva.

   Al cierre de 2023, el volumen total de deuda en términos de contabilidad nacional, que es la computada por la Unión Europea para el control del déficit (Protocolo de Déficit Excesivo) en Castilla y León ascendía a 13.865 millones, con un incremento interanual de 543 millones (4,1 por ciento).

   Teniendo en cuenta que la deuda total de las comunidades autónomas ascendió a 325.324 millones, la participación de Castilla y León continúa en el 4 por ciento, el mismo porcentaje desde 2013.

OTROS MARCADORES

   El porcentaje de la deuda sobre el producto interior bruto en Castilla y León fue del 19,6 por ciento, inferior al 20,7 por ciento de 2022, y también al del conjunto de las comunidades, que en 2023 se situó en el 21,7 por ciento, la ratio más alta la tuvo la Comunidad Valenciana (41,6 por ciento) y la más baja la Comunidad Foral de Navarra (11,8 por ciento).

   La deuda por habitante en Castilla y León en 2023 era de 5.825 euros, un aumento de 210 euros por habitante (3,74 por ciento) más que en 2022, inferior al conjunto de las comunidades, que asciende a 6.773 euros por habitante.

   La deuda de Castilla y León está compuesta por préstamos que suponen el 74,03 por ciento del total, un porcentaje menor que para el total de las comunidades autónomas (85,60 por ciento), y por valores representativos de deuda, cifrados en 3.600 millones, computados en su totalidad a largo plazo.

   Los préstamos, por importe de 10.265 millones, proceden en su mayoría de entidades financieras residentes (6.461 millones) además del fondo de financiación de las comunidades autónomas (1.966 millones), de préstamos procedentes del resto del mundo (1.592 millones), de préstamos imputados a contratos de asociación público- privada para construcción de infraestructuras (246 millones) y de factoring sin recurso (sistema de anticipo por entidades financieras del cobro de deudas asumiendo el riesgo de impago) por 12 millones.

   Desde 2021 ha cambiado la tendencia en la comparativa de la evolución de los préstamos de instituciones financieras residentes, siendo su importe superior con respecto a la media nacional ponderada por el PIB (4.851 millones).

   En 2023 el importe que debían las comunidades autónomas procedente de préstamos del Fondo de Financiación Autonómica era de 197.968 millones de euros y la diferencia en el acceso a este fondo entre Castilla y León y el resto de las comunidades aumenta desde 2020 en comparación con la media nacional ponderada por el PIB (23.516 millones).

   La evolución de la Comunidad en lo referente a los préstamos procedentes de entidades no residentes (resto del mundo), tiende a la convergencia con la media nacional ponderada por el PIB tras el aumento en Castilla y León desde 2020, que ha disminuido ligeramente en el ejercicio fiscalizado.