Devuelto a Instrucción el caso del presunto "vaciado patrimonial" en Hergasa para una información suplementaria

Trib.- Nueve de los once presuntos 'narcos' encausados por la 'Operación Incocable' ya han pactado su condena
Trib.- Nueve de los once presuntos 'narcos' encausados por la 'Operación Incocable' ya han pactado su condena - EUROPA PRESS. - Archivo

Actualizado: martes, 26 noviembre 2019 14:57

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid, al objeto de solicitar una información suplementaria, ha acordado este martes suspender la causa contra seis socios de la empresa Hergasa S.A. acusados de someterla a un auténtico "vaciado patrimonial" entre los años 2006 y 2013 al retirar, en beneficio propio y en perjuicio de la mercantil, cantidades que superan los 2,4 millones de euros.

La suspensión del juicio se ha producido cuando una de las defensas ha aportado una documentación que, según ella, acreditaría la licitud de las distintas operaciones realizadas por los socios, ante lo cual, al tratarse de una aportación novedosa, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial ha resuelto devolver la causa al Juzgazdo de Instrucción número 2, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Así, tal y como ordena el tribunal, será preciso devolver lo instruido a fin de que un perito experto en contabilidad analice dicha documentación y emita el informe correspondiente, tras lo cual el instructor deberá determinar si continúa el proceso contra los acusados o bien decreta el sobreseimiento de las diligencias.

Los encausados, con carácter provisional, se enfrentan a una petición de cuatro años de cárcel para cada uno de ellos como autores de un delito continuado de apropiación indebida o, alternativamente, de un delito de administración desleal, en cuyo caso las condenas solicitadas se reducirían a tres años y tres meses.

En concepto de responsabilidad civil, Fiscalía interesa que los seis procesados indemnicen de forma solidaria a uno de los socios minoritarios de la mercantil afectada, Carlos G. de A, en la cantidad de 240.124 euros por el delito de apropiación indebida.

Alternativamente, si el tribunal entendiera que los hechos son constitutivos de administración desleal, deberán abonar a Hergasa S.A. un total de 2.401.249 euros, correspondiente al daño económico soportado por la sociedad, con responsabilidad civil subsidiaria de Inversores Agrupados Jotauvege S.L, en tanto accionista titular de las acciones que representan dos de los procesados.

Los acusados, José Manuel G.E, Luis García de A, José Ignacio G.G, Manuel Eladio G.G, José Víctor G.M. y José Víctor G.G, de común acuerdo y para perjudicar a Hergasa S.A, de la que eran socios, y también a un socio minoritario, Carlos G. de A, comenzaron a operar al margen de la contabilidad oficial, prevaliéndose del control tanto de la mercantil como de la Gerencia y Consejo de Administración de la misma, y se dedicaron a disponer de forma irregular de distintas cantidades entre los ejercicios de 2006 y 2013, hasta retirar un total 1.295.440 euros.

Para tal práctica, siempre según el escrito de calificación provisional del fiscal, utilizaron fórmulas diversas como el cobro de cheques bancarios, tan nominativos como al portador, sin que existiera relación causal subyacente que justificar su emisión.

Este proceder fue incluso reconocido en un acta notarial el 3 de marzo de 2016 por los seis encausados. Así, José Manuel G.E. confesó haber obtenido 28.650 euros, mientras que Luis García D.A, Manuel Eladio G.G, José Víctor G.M. y José Víctor G.G. manifestaron haber retirado 73.202, 385.918, 525.353 y 20.250, respectivamente.

Pero además, con idéntico ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento, habrían distraído de la sociedad de la que eran socios otro 1.105.808 euros con destino a otras sociedades controladas por ellos, en lo que calificaron como préstamos irrecuperable y cuyo destino no ha podido ser verificado.

Esta salida de fondos, que fiscalía tilda de "auténtico vaciado patrimonial", al no contar con soporte documental que la amparara, fue detectada por el auditor de cuentas nombrado por el Registro Mercantil, con la oposición de los procesados, al examinar las cuentas del ejercicio 2014.

Los presuntos autores de estos hechos han venido siendo requeridos desde entonces para que reintegraran el dinero presuntamente obtenido de forma ilegal, sin que ninguno de ellos haya atendido tal solicitud.