Contempla ayudas al alquiler para familias en situación de riesgo, refugiados y víctimas de violencia de género, y fondos para alimentos
VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Valladolid ha renovado su colaboración con las ONG Cáritas, Cruz Roja y Banco de Alimentos para combatir la exclusión social en la provincia mediante ayudas al alquiler destinadas a familias en situación de riesgo, refugiados y mujeres víctimas de violencia de género, así como fondos para favorecer la adquisición de alimentos para personas que lo necesiten.
Así se contempla en sendos convenios rubricados este miércoles entre el presidente de la Institución provincial, Jesús Julio Carnero, y los responsables de las tres organizaciones, que suponen la renovación anual de la colaboración que mantienen todas las partes.
Así, los convenios con Cáritas y Cruz Roja, que comenzaron en 2013, se centran en las ayudas al alquiler para colectivos en especial situación de vulnerabilidad, aunque se han ampliado también para personas y unidades familiares que han llegado a España con motivo de la crisis humanitaria derivada de la guerra en Siria, así como para las mujeres víctimas de violencia machista.
En 2016 se concedieron 15 ayudas, once a través de Cáritas y cuatro de Cruz Roja. De ellas, tres corresponden a mujeres víctimas de violencia. En declaraciones recogidas por Europa Press, Carnero ha subrayado que, pese a que en 2015 se aligeraron los requisitos de renta para beneficiarse, el número de beneficiarios se ha reducido desde los 24 en 2014 y los 16 en 2015, síntoma, a su juicio, de una "mejoría" en la situación social.
Asimismo, se establecieron una línea complementaria destinada a acciones formativas para colectivos en situación de vulnerabilidad que han permitido la realización de nueve cursos formativos en los que han participado 103 personas sobre cocina, costura, alfabetización, habilidades sociales o aprendizaje del español que se han impartido en las localidades de Casasola de Arión, Villalar de los Comuneros, Tudela de Duero, Cigales, Nava del Rey, Tordesillas, Íscar, Mojados y Valladolid.
Para 2017 se espera realizar también otros en operaciones básicas en hostelería, limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, habilidades sociales para la búsqueda de empleo y aprendizaje de español, los cuales tendrán lugar en Peñafiel, Medina del Campo, Laguna de Duero, Bolaños de Campos y Valladolid, al tiempo que se estudian la implantación de otros nuevos como el de carretillero o el de alfabetización digital.
Por último, en los convenios de este año se incorpora el programa de apoyo a las necesidades básicas de escolares durante las vacaciones mediante un sistema de tarjetas de compra, cheques y vales para adquirir los alimentos necesarios directamente en las cadenas de alimentación, un sistema con el que la Diputación atendió en Navidad a 103 menores y a 86 en Semana Santa.
Para esta convocatoria de ayudas se mantienen los requisitos de anteriores años, sin que puedan beneficiarse quienes lo hayan hecho en años anteriores. En el caso de los refugiados, deberán acreditar su estatus de asilo y haber entrado en España en el marco del programa establecido con la Agenda Europea de Migración. Por lo que se refiere a las víctimas de violencia machista, se amplía en un 50 por ciento el umbral de ingresos para que pueda beneficiarse un mayor número, aunque también deberán contar con orden de protección o, en su defecto, un informe de los servicios sociales.
DOS TIPOS DE AYUDA
Así, se mantienen dos tipos de ayudas, el cien por cien del precio del alquiler por un periodo de hasta seis meses, o bien, el 50 durante un año. Excepcionalmente, se podrán ampliar las ayudas a tres y seis meses más, respectivamente. El importe mensual a abonar será el del coste del alquiler con un máximo de 400 euros al mes. La vivienda a ocupar tiene que estar ubicada en un municipio de la provincia de Valladolid, excluida la capital. A estos dos convenios se destinan 120.000 euros --60.000 para Cáritas y 60.000 para Cruz Roja--.
Por lo que se refiere al convenio con el Banco de Alimentos, con el que la Diputación comenzó a colaborar en 2014, contará con una partida de 70.000 euros, un 16,66 por ciento más que el año anterior. En este caso, la ayuda está destinada a atender los gastos corrientes necesarios para la recogida, selección, almacenamiento y distribución de alimentos a través de más de 70 entidades, que en el año 2016 llegaron a un total de 4.681 beneficiarios en la provincia de Valladolid.
Asimismo, se incluyen aquellos gastos necesarios para la adquisición de los alimentos de los que presentan un déficit, por existir una mayor demanda por parte de las familias usuarias, principalmente alimentos frescos. Su presidente, Jesús Mediavilla, ha subrayado que junto a los tradiciones alimentos no perecederos, han iniciado a repartir yogures y huevos para permitir una alimentación más equilibrada, algo "fundamental" en la infancia para no arrastrar este déficit en la edad adulta.
El pasado año el Banco de Alimentos distribuyó casi tres millones de kilos de alimentos que llegaron a 4.681 personas a través de 59 entidades ubicadas en municipios de la provincia distintos de la capital.
El presidente de la Diputación ha advertido de que pese a la "mejoría" en la situación social, "en el camino se están quedando muchas personas" y ha defendido la apuesta de la Institución que preside por fomentar el desarrollo económico y el empleo, así como por consolidar las políticas sociales.
En este sentido, Jesús Julio Carnero ha subrayado el "esfuerzo" de la Diputación, que ha pasado de destinar 112.315,20 euros para inclusión social en 2012, a 630.000 en 2017, un incremento del 460,92 por ciento, con un 134,37 por ciento más de beneficiarios al pasar de 1.152 a 2.700 de 2012 a 2016.
Junto a esto, ha recordado otras actuaciones en materia social que desarrolla la Diputación como las ayudas de emergencia social de carácter general, para material didáctico o para pobreza energética, a las que se suman ayudas a estudiantes universitarios y a colectivos tradicionalmente marginados y para la atención bucodental para personas en riesgo merced a un convenio con la Universidad Europa Miguel de Cervantes (UEMC).
