VALLADOLID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos personas que ofrecían contratos de alquiler de viviendas para regularizar a personas extranjeras o llevar a cabo reagrupamientos familiares, para lo que utilizaban la identidad de presuntos arrendadores extraída de documentos extraviados o sustraídos o incluso datos de su entorno socio-familiar sin que los afectados los supieran.
La operación policial, denominada 'Family' y que continúa abierta sin que se descarten más detenciones, ha permitido detectar más de una docena de contratos falsificados, afectan a diez viviendas de la ciudad de Valladolid y se han paralizado 23 expedientes de reagrupación familiar, han informado a Europa Press fuentes policiales.
En concreto, la Policía Nacional ha detenido por estos hechos a dos varones, uno de 41 años con un antecedente policial por hechos de diferente naturaleza y a otro de 38 años sin antecedentes policiales, por favorecer a la inmigración irregular a través de estos contratos de arrendamiento fraudulentos con los que varios ciudadanos extranjeros pretendían regularizar su situación administrativa o reagrupar a sus familiares.
Los agentes iniciaron la investigación en agosto del 2020, en coordinación con la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Valladolid y el Negociado de Población del Ayuntamiento de Valladolid, cuando detectaron irregularidades en la presentación de solicitudes de reagrupación familiar por parte de ciudadanos marroquíes.
Estas personas presentaban contratos de arrendamiento de domicilios a los que nunca habían accedido y a cuyos arrendadores ni siquiera conocían.
La red desarticulada ofrecía asesoramiento, acompañamiento y documentación requerida a los ciudadanos extranjeros solicitantes que pretendían regularizar su situación en España o reagrupar a sus familiares de forma fraudulenta.
El detenido de 41 años era el individuo de enlace, de origen marroquí y llevaba muchos años en España, lo que otorgaba cierta confianza a las víctimas y permitía la captación de clientes salvando la barrera del idioma y su desconocimiento de la legislación española.
DATOS DEL ARRENDATARIO
El otro es un ciudadano español que se encargaba de elaborar los contratos de arrendamiento obteniendo las direcciones a utilizar entre su círculo familiar y laboral o bien a través de la obtención de documentos de identidad extraviados o sustraídos en los mercadillos.
A éste último le abonaban las víctimas entre 2.000 y 3.000 euros dependiendo de sus posibilidades económicas, han agregado las mismas fuentes.
Tras los beneficios obtenidos inicialmente, los investigados comenzaron a necesitar nuevas direcciones para no ser detectados, por lo que utilizaron para ello los domicilios de su círculo socio-familiar sin el consentimiento de sus propietarios. Estos últimos figuraban como arrendadores de sus propios domicilios sin tener conocimiento de ello.
El entramado criminal comenzó a desmontarse cuando a los ciudadanos extranjeros se les exigió, como requisito para ser concedida la solicitud de reagrupación familiar, presentar un informe de ocupación de vivienda en el que se reflejara que las personas empadronadas en el inmueble no superaban la capacidad de la vivienda.
Fuentes policiales han indicado que los investigados "no tuvieron escrúpulos" en tramitar la baja en el padrón de habitantes de los verdaderos moradores cuando daban de alta a su "cliente", pero desconocían que, al efectuar tal procedimiento, el Ayuntamiento de Valladolid comunicaba tales hechos mediante carta a los afectados.
Estos, en su declaración en dependencias policiales, manifestaron a los agentes desconocer los hechos y se pudo demostrar que no coincidían sus firmas con las que figuraban en los contratos fraudulentos presentados.
La investigación y detención han sido llevadas a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valladolid, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
