VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León ha registrado una solicitud ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental en la que insta a la aprobación de una nueva normativa "de carácter reglamentario que prevenga y reduzca la mortalidad de avifauna y fauna silvestre por electrocución y colisión en líneas eléctricas aéreas".
Según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press, la iniciativa busca sustituir la orden anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2022, y dotar al marco jurídico autonómico "de la tramitación técnica necesaria para declarar a toda la comunidad como Zona de Protección".
Los ecologistas han recordado que el Ejecutivo autonómico asumió dicho compromiso "públicamente" tras la sentencia judicial.
Entre los años 2021 y 2025 se han registrado en los Centros de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la comunidad más de 4.200 entradas de fauna por electrocución y colisión, lo que representa alrededor del 13,5 por ciento del total de ingresos.
Las cifras oficiales contabilizaron 874 casos en 2021, 630 en 2022 y 640 en 2023, sufriendo un repunte que superó el millar de episodios anuales en 2024 (1.046) y 2025 (1.034).
La organización ha advertido de que la problemática afecta a especies amenazadas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, el quebrantahuesos, la avutarda o el sisón.
Asimismo, tras basarse en estudios que estiman que solo se detecta el 15 por ciento de los casos, la entidad calcula "que cerca de 6.600 grandes aves mueren electrocutadas al año en Castilla y León debido a la existencia de cientos de miles de apoyos sin aislar".
Por ello, el colectivo ha reclamado que "los requerimientos de corrección y aislamiento se exijan de forma integral a lo largo de líneas o tramos completos y no únicamente en los apoyos puntuales donde se produzcan los hallazgos".
Además, ha solicitado fijar un plazo de un mes para la tramitación de requerimientos a las empresas titulares y de cuatro meses para la ejecución de las obras correctoras, incoando expedientes sancionadores en caso de incumplimiento.
Finalmente, las peticiones formuladas por la federación incluyen extender la protección preventivamente a aerogeneradores, pistas de pádel, cristaleras, canales y balsas de agua, así como crear un registro público autonómico de mortalidad y publicar la cartografía de tendidos peligrosos en la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León (IDECYL).
