Publicado 23/01/2014 12:49CET

EQUO advierte de que la legalidad vigente en materia nuclear no permitiría una reapertura antes de tres años

Juan López De Uralde
EUROPA PRESS

Rechaza la adopción de "vías rápidas" que pongan "en riesgo" la seguridad de las personas

VITORIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

EQUO ha advertido este jueves que la legalidad vigente en materia nuclear no permitiría la eventual apertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) antes de tres años, como establece la Instrucción de Seguridad IS-22 del Consejo de Seguridad Nuclear para la gestión del envejecimiento de las centrales a largo plazo.

En un comunicado, el coportavoz de EQUO Juan López de Uralde ha hecho referencia a la propuesta del Gobierno central de elaborar un Decreto Ley para la reapertura de Garoña.

Para López de Uralde, las ultimas declaraciones del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, sobre el interés del Gobierno en facilitar la reapertura de la central nuclear de Garoña, "hacen pensar en la existencia de negociaciones" entre el Consejo Superior de Seguridad Nuclear y la empresa gestora de la central, Nuclenor.

Ante esta situación, ha rechazado "firmemente" la reapertura de la central y ha destacado que la Instrucción de Seguridad IS-22 del Consejo de Seguridad Nuclear para la gestión del envejecimiento de las centrales a largo plazo, exige la presentación de un Plan Integral de Evaluación y Gestión del Envejecimiento con tres años de antelación a renovar la autorización de explotación.

CUMPLIR LA LEGALIDAD

"No vamos a permitir vías rápidas en este asunto que supongan poner en riesgo la seguridad de las personas. La central de Garoña debe cumplir con la legalidad vigente para poder ponerse en marcha de nuevo", ha defendido.

Asimismo, ha recordado que la central de Garoña está pendiente de la realización de "importantes obras de mejora" emanadas de los 'test de stress' tras el accidente de Fukushima, para mejorar su seguridad ante accidentes. El propio Consejo de Seguridad Nuclear emitió un informe que exige la realización de estos trabajos de mejora antes de final de 2016, si quiere continuar en operación.

"No se puede permitir que los beneficios de una empresa se pongan por encima del bienestar de la ciudadanía. Si permanecer tres años más cerrada hace inviable la continuidad de la central, es el momento de asumir que hay que empezar con su desmantelamiento", ha concluido.