BURGOS, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha anunciado este viernes que el Ministerio de Hacienda ha autorizado al Ayuntamiento a reestructurar y refinanciar la deuda derivada de los consorcios del desvío ferroviario y del polígono industrial de Villalonquéjar.
Esta resolución permitirá al Ayuntamiento "no sólo renegociar los tiempos de interés con los bancos, sino ampliar los plazos de amortización para no ahogar a las arcas municipales" en los próximos año, como ha apuntado Ayala, que ha comparecido junto al concejal de Hacienda y al vicealcalde.
La alcaldesa ha recordado que en 2019 la deuda era 264 millones de euros, es decir, del 137 por ciento, en el 2020 de 246 millones de euros, es decir, del 132 por ciento; en 2021 de 227 millones, el 117 por ciento y en 2023, cuando el PP llega al Ayuntamiento es de 204 millones.
"Cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, la deuda está por encima del 100 por ciento y cuando acabemos este año 2026, la deuda estará en el 61 por ciento", ha aseverado Cristina Ayala, quien ha explicado que tal y como se renegoció en su momento la deuda, "es en los últimos años cuando se pagaba la cuota más alta".
De hecho, el Ayuntamiento ha pagado este año algo más de 12 millones, mientras que en 2026 serían 14,6 millones y el 2027, unos 17,8 millones y la cifra alcanzaría los 32 millones de euros en 2031.
Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Zaragoza era el único municipio de España que había logrado una autorización similar por los costes heredados de la Expo por lo que Burgos se convierte en la segunda capital del país en acogerse a esta vía.
"Con mucha satisfacción les contamos que después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de mucha negociación con el Ministerio se ha logrado la excepcionalidad porque esto es absolutamente excepcional ya que sólo lo había logrado el Ayuntamiento de Zaragoza", ha relatado Ayala.
Los responsables del Consistorio han subrayado que el aval de la Secretaría General del Tesoro constata formalmente que el Ayuntamiento de Burgos es "solvente" y presenta una "situación fiscal saneada", por lo que se "desmontan las críticas de algunos que tienen muy mala fé" sobre el estado de las cuentas del municipio.
Según ha explicado Cristina Ayala, el origen del problema se remonta a los compromisos bancarios asumidos a finales del siglo XX y principios del XXI por ambos consorcios.
Como ha explicado el vicealcalde, Juan Manuel Manso, según la hoja de ruta trazada por el actual equipo de Gobierno desde su llegada en 2023, ha contemplado tres pilares como era disolver los consorcios, amortizar capital para reducir el montante principal y refinanciar el pasivo restante en un plazo más holgado.
PREVISIONES.
Las previsiones presupuestarias estiman cerrar el año 2026 situando el ratio de endeudamiento en el 61 por ciento y la alcaldesa ha comparado la flexibilidad financiera lograda con el margen de maniobra que busca un particular cuando renegocia una hipoteca.
La refinanciación concedida permitirá amortiguar también el impacto de la inflación en la prestación de servicios públicos. Por su parte, Manso ha dado cuenta de que el origen de la compleja situación financiera se remonta a decisiones y "acuerdos alcanzados hace más de una década", cuyo impacto económico terminó multiplicando las previsiones iniciales desde el año 2012.
En aquel momento, en una reunión entre la Alcaldía de Burgos y representantes del Ministerio de Fomento, se constató que el coste total de las obras del desvío ferroviario iba a escalar hasta los 265 millones de euros.
El modelo de financiación acordado repartía la carga entre tres administraciones: el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento de Burgos, que asumía el 25 por ciento del coste total de la infraestructura según lo firmado en el convenio.
La parte municipal debía sufragarse tanto con fondos propios como con la comercialización de los terrenos liberados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), los cuales fueron cedidos al consistorio para amortizar el pasivo.
Sin embargo, las expectativas de ingresos no se cumplieron al ritmo previsto, generando un abultado endeudamiento que comprometió seriamente la solvencia municipal. A este escenario se sumó la apuesta realizada a principios de los años 2000 para desarrollar la urbanización de las fases 3 y 4 del polígono industrial de Villalonquéjar.
La operación se instrumentó a través de un consorcio participado por el Ayuntamiento junto a varias cajas de ahorros locales.
DEUDA.
Con la financiación de la deuda, el Ayuntamiento de Burgos prevé recortar sensiblemente su endeudamiento a lo largo del presente mandato hasta situar la deuda viva en torno a los 121 millones de euros para finales del año 2026. Esta cifra contrasta con los 204.647.812 euros con los que cerró el ejercicio 2023, según ha recordado el equipo de Gobierno municipal al analizar el punto de partida económico que se encontró tras su toma de posesión.
Por su parte, el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, ha destacado que la resolución del Ministerio de Hacienda que autoriza la refinanciación de la deuda local se ha concedido sin imponer ningún tipo de plan de ajuste, un matiz que, a juicio del ejecutivo local, constata el éxito de las amortizaciones anticipadas y la solvencia financiera acreditada por la corporación.
En este sentido, ha remarcado que la reestructuración del pasivo responde a una planificación propia y bien estructurada, fruto de una gestión presupuestaria rigurosa. Según señalan fuentes municipales, el aval ministerial demuestra que el consistorio no necesita recortes ni medidas drásticas para garantizar el equilibrio de sus cuentas públicos.
