VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un perito de la Policía Nacional que realizó una investigación patrimonial a Vasile C.U, supuesto jefe de un clan rumano acusado de explotar laboralmente en trabajos agrícolas a trabajadores de su país y de otras nacionalidades en la zona de Medina del Campo (Valladolid), ha ratificado su informe en el que apunta que el encausado utilizó a uno de los trabajadores y a su esposa, también acusada, para crear "sociedades pantalla" con el fin de cometer un delito de blanqueo de capitales.
El agente de la Policía Nacional, que ha comparecido este miércoles en el juicio en la Audiencia de Valladolid que se sigue desde el lunes contra Vasile, su esposa Liliana G.U. y otros dos supuestos colaboradores, Constantin y Gheorghe U, ha explicado que su cometido fue analizar las cuentas de los encausados, tras la 'Operación Botella' desplegada por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), a partir del cual emitió un informe en noviembre de 2021 en el que, según ha confirmado, se acredita que Vasile cerró en su día una sociedad que tenía una deuda con la S.S. de más de 9.000 euros y creó primero una nueva en la que puso al frente a uno de sus operarios, Dumitru, a quien también abrió una cuenta a su nombre en la que se recibían las transferencias de dinero de distintos empresarios de Medina por los trabajos agrícolas prestados.
Lo llamativo, a juicio del perito, es que Dumitru era un hombre de "paja" y tanto la sociedad como la cuenta eran meras "pantallas", ya que el titular "no tomaba decisión alguna", sino que era acompañado al banco por Vasile y era este último el que sacaba el dinero en cuanto llegaban los fondos, algo que parece acreditado por una serie de grabaciones de la entidad bancaria.
Pero además, el funcionario policial, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha enmarcado en esta misma operativa la constitución en diciembre de 2019 de una sociedad limitada a nombre de su esposa, 'Servicios Agrícolas Liliana S.L'--con carácter previo la pareja formalizó una separación de bienes--y otra cuenta a la que, al igual que en el caso anterior, iban a parar los pagos de los empresarios del sector por trabajos agrícolas, con la particularidad de que la mercantil carecía de trabajador alguno.
El perito ha apoyado su teoría del blanqueo de capitales perpetrado en otras prácticas también "sorprendentes" que pudo concretar al rastrear una serie de "créditos rápidos con intereses muy altos" concertados por los acusados, a pesar de que contaban con efectivo que hacía innecesaria esa contratación, así como distintas compras efectuadas con tarjetas, como la compra de un televisor en el Carrefour, que, "sorprendentemente", cancelaban al día siguiente.
"Estamos hablando de la creación de sociedades y cuentas pantalla, en definitiva, para blanquear dinero ilícito e incorporarlo al tráfico lícito", ha resumido el perito, en cuya intervención ha hecho igualmente mención al día en el que Vasile y un hermano suyo fueron interceptados en el aeropuerto cuando se dirigían a su país de origen, cada uno con 5.000 euros en metálico. "Iban juntos pero pasaron por el arco con una diferencia entre uno y otro de un cuarto de hora", ha precisado el agente.
LOS ACUSADOS DECLARAN ESTE JUEVES
La tercera de las jornadas del juicio, a la que seguirá este jueves la última en la que los cuatro acusados podrán dar las explicaciones oportunas, ha estado centrada fundamentalmente en las declaraciones aportadas por ocho testigos de la defensa, siete de ellos temporeros que trabajaron para los ocupantes del banquillo, y uno de ellos un asesor fiscal afincado en Medina del Campo que se encargaba de la tramitación de los contratos, y ello a pesar de que el fiscal del caso sostiene que la mayoría de los temporeros no estaba dada de alta en la Seguridad Social.
En el caso de los trabajadores, la mayoría rumanos pero también españoles y de origen marroquí, han coincidido al señalar que era Vasile el contratador y jefe--alguno también ha señalado a Liliana como jefa--pero han asegurado que contaban con contratos en regla, que sus jornadas laborales no eran para nada leoninas y que incluso percibían emolumentos por encima del Salario Mínimo Internacional. "Eran jornadas de ocho horas, con descanso para almorzar, y nos proporcionaban el material necesario, como gafas protectoras, guantes y botas de agua cuando llovía", ha mantenido la rumana Arina, como luego corroboraría el resto de extrabajadores.
Por su parte, el que fuera asesor fiscal de Vasile, Luis José G.G, ha sacado la cara también por el principal encausado al asegurar que en su momento el empresario agrícola llegó a tener a más de doscientos trabajadores a su cargo, "aunque dados de alta a la vez cerca de ochenta, todos ellos perfectamente en regla" y a los que se abonaba por encima del SMI. "Vasile llegó a facturar cerca de 600.000 euros", ha precisado el testigo de la defensa.
El fiscal del caso solicita para Vasile una pena global de 36 años de prisión, frente a los siete que interesa para su cónyuge y uno para cada uno de sus supuestos colaboradores.
