La Junta convoca el Plan Integrado de Empleo Local con 28 millones para contratar a 2.400 desempleados

VALLADOLID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la convocatoria de subvenciones del Plan Integrado de Empleo Local (PLANIEL) para el ejercicio 2026, que cuenta con un presupuesto inicial de 28 millones de euros para formalizar aproximadamente 2.400 contratos de trabajo en toda la Comunidad.

Esta línea de ayudas tiene como objetivo financiar la contratación de personas desempleadas por parte de ayuntamientos y diputaciones provinciales.

Según la información de la Consejería recogida por Europa Press, la cuantía de la subvención se fija en 11.667 euros por cada puesto de trabajo a jornada completa por un periodo de 180 días.

El número de contratos que podrá formalizar cada entidad dependerá de su población: los municipios de menos de 1.000 habitantes podrán financiar dos contratos; aquellos entre 1.000 y 5.000 habitantes, cuatro; mientras que las localidades de más de 5.000 habitantes y las diputaciones provinciales podrán formalizar hasta diez contrataciones.

Las contrataciones, destinadas a la realización de obras y servicios de interés general y social, deberán tener una duración mínima de 120 días. El periodo subvencionable comprende desde el 1 de marzo de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027.

Los beneficiarios deberán ser personas desempleadas e inscritas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL), con preferencia para mayores de 45 años, parados de larga duración, mujeres o personas con discapacidad.

PLAZO DE SOLICITUD

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará mañana, jueves 26 de febrero, y permanecerá abierto durante un mes, hasta el próximo 26 de marzo. El procedimiento deberá realizarse de forma telemática ante la Administración autonómica.

La concesión de las ayudas se efectuará mediante concurrencia competitiva, evaluando criterios como el volumen de desempleo en la zona, el tipo de entidad solicitante y el grado de integración laboral de personas con discapacidad en la plantilla de la entidad.