VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el Decreto por el que se establece el nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, una norma que supone un importante paso adelante en la modernización de la Administración autonómica y en el refuerzo de la seguridad jurídica para Castilla y León.
El nuevo reglamento sustituye a los decretos que regulaban esta materia desde 1996 y 1997, y se adapta a los cambios normativos, organizativos y sociales acaecidos en las últimas tres décadas. Con esta actualización, la Junta dota a los Servicios Jurídicos y a los letrados de las diferentes consejerías de un marco claro, homogéneo y adaptado a la realidad actual, mejorando su funcionamiento interno y su capacidad para proteger eficazmente el interés público.
Uno de los principales avances es el refuerzo de la coordinación de todos los letrados de la Comunidad bajo la Dirección de los Servicios Jurídicos, lo que permite unificar criterios, evitar duplicidades y garantizar respuestas jurídicas coherentes en toda la Administración autonómica, sus organismos, empresas públicas y fundaciones. Esta coordinación redundará en una mayor seguridad jurídica tanto para la propia Administración como para la ciudadanía.
El reglamento apuesta además, según señala la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, "de forma decidida" por el asesoramiento jurídico preventivo y las funciones de 'compliance', orientadas a anticipar problemas legales, minimizar riesgos en la toma de decisiones y evitar litigios innecesarios.
A través de la fijación de criterios comunes de interpretación, la implantación de protocolos de cumplimiento y el impulso de la mediación, los Servicios Jurídicos contribuyen a una gestión pública más segura, íntegra y eficiente.
La nueva norma "refuerza también la defensa en juicio de la Comunidad Autónoma y del conjunto de su sector público, clarificando funciones, procedimientos y responsabilidades". Esto permite, han precisado, "una actuación más ágil y eficaz ante los tribunales y una mejor protección de los recursos públicos, siempre desde el respeto a la legalidad y al interés general".
En definitiva, la Junta destaca el nuevo Reglamento de los Servicios Jurídicos supone una Administración más coordinada, más moderna y mejor preparada para afrontar los retos jurídicos actuales, fortaleciendo la seguridad jurídica como pilar esencial del buen gobierno y del servicio a la ciudadanía de Castilla y León.