VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León ha presentado las alegaciones a la Comisión Europea en las que solicita el cambio de estatus jurídico del lobo en Europa, además de proporcionar resultados del seguimiento del estado de conservación del lobo en la región, datos sobre los daños al ganado por ataques de lobo y una evaluación del estado de conservación del lobo en España.
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en respuesta al proceso abierto por la Comisión Europea para evaluar la situación del lobo y los grandes carnívoros en la Unión. El consejero adjuntó a la carta un informe completo con datos y argumentaciones al respecto y con la solicitud de que se flexibilice el régimen jurídico de protección de la especie.
El objetivo de esta consulta es permitir que la Comisión tome decisiones "informadas" sobre la posible modificación del estatuto de protección del lobo en la Unión Europea y actualice el marco jurídico en función de la evolución de esta especie. Todo ello para que "la concentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real para el ganado y, potencialmente, también para los seres humanos", recogen en el comunicado.
La Junta de Castilla y León ha criticado en numerosas ocasiones que el Gobierno de España remitió a la Comisión una información sobre el estado de conservación del lobo en España que "no se ajusta a la verdad", puesto que "informó que el estado de conservación es desfavorable cuando la población de lobos no ha dejado de incrementarse en nuestro país".
La Comisión Europea, en el comunicado, instó también a las autoridades locales a hacer pleno uso de las excepciones existentes en la normativa comunitaria hasta tanto se toma una decisión la flexibilización del régimen jurídico.
Sin embargo, ese uso de las excepciones existentes en la normativa comunitaria que la Comisión insta a los Estados aplicar, es "inviable en Castilla y León (y en España) por la acción del Gobierno de España, que con la Orden Ministerial de inclusión del lobo en el LESPRE y con la Estrategia de Conservación del Lobo aprobadas respectivamente en los años 2021 y 2022, han impedido de facto poder adoptar una decisión de control de la especie cuando se producen daños significativos, endureciendo el régimen jurídico de conservación muy por encima del permitido por la Directiva europea Hábitats de 1992".
Para respaldar esta consulta, Castilla y León ha proporcionado a la Comisión Europea información "relevante y actualizada", que incluye resultados del seguimiento del estado de conservación del lobo en la región, datos sobre los daños al ganado por ataques de lobo y una evaluación del estado de conservación del lobo en España.
Además, se han compartido detalles sobre la imposible aplicación de excepciones a la Directiva Hábitats para la ejecución de medidas de gestión de la especie en España.
La Junta espera que esta información contribuya a que la Comisión cuente con datos "veraces y actualizados" para tomar decisiones informadas sobre el estatus legal del lobo en Europa.
DIRECTIVA HÁBITATS
Las regiones del norte del río Duero, con Castilla y León a la cabeza, junto con una región de Grecia, fueron las únicas a las que la Directiva Hábitats en 1992 atribuyó un régimen jurídico más flexible en la protección del lobo que en el resto de Europa, en que se impuso la estricta protección.
Esto fue porque Europa era consciente del buen estado de las poblaciones de lobo en estos territorios y su estado de conservación favorable. A pesar de ello, y de que ese estado de conservación favorable seguía protagonizando la población de lobo en Castilla y León al norte del río Duero, el gobierno de España, en contra de la opinión de la mayoría de las Comunidades Autónomas de España, con gobiernos de distintos colores político, decidió en septiembre de 2021, por razones ideológicas, eliminar el régimen flexible y de gestión autonómica del lobo al norte del rio Duero y equipararlo al régimen de estricta protección que existía al sur y resto de Europa. Lo que plantea ahora la Comisión es justo lo contrario, es decir, extender el régimen que el gobierno de España quitó a Castilla y León a otros territorios de Europa.
