Un juzgado de Zamora condena a la Junta por temporalidad de un laboral interino durante ocho años

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia Sección de lo Social número 1 de la capital zamorana ha estimado una demanda defendida por los Servicios Jurídicos de CCOO de Zamora y ha condenado a la Junta de Castilla y León por incurrir en abuso de la temporalidad al mantener durante más de ocho años la relación laboral de un trabajador interino que desempeñó de forma ininterrumpida el mismo puesto de trabajo. La resolución judicial aplica la reciente doctrina fijada por el Tribunal Supremo sobre esta materia.

La letrada Clara Inés Lucas Martins ha ejercido la defensa del empleado, quien ya contaba con una sentencia previa que le reconocía la condición de indefinido no fijo. Pese a dicho fallo, la Administración autonómica ha mantenido la situación de temporalidad y ha prolongado la ocupación del mismo puesto sin adoptar las medidas necesarias para corregir la situación, según informan a Europa Press fuentes de dicha organización sindical.

COMPENSACIÓN ADICIONAL DE 10.000 EUROS

El tribunal ha determinado que la indemnización por extinción de la relación laboral, equivalente a 20 días de salario por año trabajado, no repara de manera autónoma el abuso de la temporalidad. Por este motivo, ha reconocido una compensación adicional de 10.000 euros para el afectado y ha acordado remitir testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos oportunos.

Esta resolución se ha sumado a la línea de fallos favorables obtenidos por los Servicios Jurídicos de CCOO Castilla y León en la lucha contra la utilización abusiva de la contratación temporal en la Administración pública. Entre los antecedentes, el pasado mes de junio la letrada de CCOO Soria, Minerva García Fernández, ha conseguido una sentencia pionera que ha condenado a Correos al pago de una indemnización adicional de 5.000 euros por este mismo concepto.

Desde CCOO Castilla y León se ha valorado esta resolución como un nuevo aviso a las administraciones públicas sobre las consecuencias jurídicas y económicas que conlleva el uso de la temporalidad para cubrir necesidades permanentes. Asimismo, el sindicato ha reiterado la necesidad de desterrar estas prácticas y apostar por un empleo público estable, garantizando que las plazas estructurales se cubran mediante procesos que eviten la precariedad laboral.