Luz verde a 65 millones para financiar los servicios públicos que prestan ayuntamientos y diputaciones

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a más de 65 millones de euros destinados a financiar los servicios públicos que prestan todos los municipios y diputaciones a sus vecinos.

Esta cuantía es resultado de la suma de los dos fondos que, al comienzo de cada año, la Consejería de la Presidencia distribuye entre los 2.248 ayuntamientos y las nueve diputaciones provinciales de la Comunidad. Se trata del Fondo de Cooperación Económica Local General (FCELG), con una cuantía de 51,3 millones y el Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad de Castilla y León (FIP), dotado con 13,8 millones, detalla la Junta a través de un comunicado.

El FCELG permite a las entidades locales afrontar inversiones para modernizar y mantener sus infraestructuras y los servicios básicos que prestan a sus vecinos. La dotación final de este fondo es de más de 51,3 millones de euros, que se reparten en función de los criterios recogidos en las bases que regulan estos fondos: número de habitantes, renta per cápita, envejecimiento de la población, carga competencial, número de pedanías, entre otros.

El fondo está destinado a financiar tres tipos de actuaciones, que se diferencian entre ellas por sus objetivos y beneficiarios. Así, en primer lugar, se fija en 13,4 millones la cuantía del FCELG destinada a todos los municipios con población inferior o igual a 1.000 habitantes. Esta línea tiene carácter incondicionado, lo que significa que estos municipios podrán destinar libremente los fondos recibidos para acometer inversiones, cubrir gastos corrientes, o realizar operaciones de capital o financieras.

Por otro lado, el FCELG destinado a municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes está dotado con 14,9 millones de euros. Este dinero tendrá que ir destinado a inversiones sostenibles, es decir, a infraestructuras y equipamientos municipales mínimos y obligatorios que cumplan con la protección del medio ambiente, la mejora social y la sostenibilidad, detalla la Junta.

Además, se asignan más de 23 millones de euros al FCELG destinado a municipios de más de 20.000 habitantes (casi 12,8 millones) y a Diputaciones Provinciales (más de 10,2 millones). La mitad de la ayuda asignada a cada una de estas entidades locales se destinará a inversiones sostenibles (con un valor total de más de 11,5 millones de euros), y la otra mitad (otros más de 11,5 millones), a inversiones para desafíos demográficos.

Este fondo recoge dos cuantías complementarias incluidas dentro de los 51,3 millones: la primera, de algo más de 174.000 euros, que recibirán aquellos municipios que lo precisen, para alcanzar la cuantía la que recibieron con el fondo de la financiación global del año 2014, antes de la entrada en vigor del modelo actual de financiación local. De esta forma, se compensa esa potencial pérdida de recursos.

Además, para garantizar que la cuantía total que perciban las entidades locales a través de los dos fondos del modelo de financiación local sea, como mínimo, igual a la de 2025, se ha establecido una cuantía complementaria transitoria. Esta cuantía, que supera los 1,6 millones de euros, tiene como objetivo minimizar la pérdida de ingresos derivada de la supresión de un impuesto propio de la comunidad: el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos. Con esta medida, se compensa el impacto económico de dicha supresión, añade el comunicado.

ACOMETER GASTOS

El segundo de los Fondos comunicados hoy en Consejo de Gobierno, el FIP, está dotado con casi 13,8 millones, que percibirán los 2.248 municipios y las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León con carácter incondicionado. Esto significa que las entidades locales podrán destinar libremente las cantidades recibidas para acometer sus gastos. Este fondo está actualmente dotado gracias a la recaudación del único impuesto propio que tiene Castilla y León en la actualidad: el impuesto sobre la afección medioambiental por producción de energía.

Los municipios con menos de 20.000 habitantes recibirán casi 7,6 millones de euros. El reparto entre estos municipios se realizará en función de la población de cada uno de los municipios, así como del número y la naturaleza de las competencias que tengan atribuidas, de la población mayor de 65 años, y del número de entidades locales menores del municipio.

Por su parte, los municipios con más de 20.000 habitantes recibirán más de 3,4 millones de euros, repartidos en función de una cantidad fija común y de su población.

Por último, las Diputaciones Provinciales recibirán más de 2,7 millones de euros. Para el reparto se tiene en cuenta la población de cada una de las provincias de Castilla y León, su número de municipios y pedanías, su superficie, y la renta e ingresos per cápita de sus habitantes, de tal forma que las provincias con un menor nivel de renta e ingresos per cápita recibirán más dinero por habitante que lo que les correspondería si no se aplicase este último criterio, para así seguir avanzando en la cohesión territorial entre las nueve provincias de la Comunidad.