Rúbrica del Pacto para la Protección de las familias - EUROPA PRESS
VALLADOLID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y representantes de 45 entidades del Tercer Sector han rubricado este martes el Pacto Social por la Familias con el fin de "blindar" la protección a los más vulnerables y garantizar así que "nadie se quede atrás".
Mañueco ha firmado este acuerdo en el Monasterio del Prado de Valladolid, donde se han congregado a los representantes de todas las entidades que han cerrado este Pacto con el que Mañueco da cumplimiento al compromiso que hizo público durante el Debate de Política General celebrado el 26 y 27 de junio del pasado año, donde también aseguró un segundo pacto de conciliación.
El documento incluye actuaciones transversales que afectan hasta a cuatro consejerías como son la de Familia, Fomento, Empleo y Educación y cuyo único objetivo es "mejorar la vida de las personas". "Este Pacto es motivo de satisfacción personal y de satisfacción colectiva porque blindamos la protección a las familias vulnerables y también a aquellas de clase media en momentos temporales de dificultad", ha destacado el presidente.
Para Fernández Mañueco las familias son "el corazón de la sociedad" de Castilla y León y el "motor" del futuro, por lo que, entre otras medidas, este Pacto incluye avanzar en un nuevo modelo de Renta Garantizada de Ciudadanía destinada especialmente a las familias donde hay menores y vinculada a la búsqueda activa de empleo y a la escolarización de los niños.
Del mismo modo, el presidente ha avanzado que se asegurarán las ayudas al alquiler y se impondrá un criterio de progresividad para que las familias con menos renta reciban más ayudas dentro de la ratio de 0,5 y tres veces el Iprem.
Estas acciones se suman en materia educativa a la garantía de la gratuidad de libros de texto a las familias vulnerables, al igual que en el comedor escolar y el programa madrugadores, mientras que en el ámbito laboral se aseguran los itinerarios de inserción para encontrar empleo con una mayor coordinación entre la administración autonómica y la seguridad social.