VALLADOLID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Mutualidad de la Abogacía, con sede en Madrid, también estuvo interesada en la adquisición del Edificio de Soluciones Empresariales, más conocido como 'La Perla Negra', propiedad de la Junta de Castilla y León y cuya operación de compra, al igual que la de terrenos para un fallido polígono industrial en Portillo, se encuentra bajo investigación judicial por delito de malversación en el que podrían haber incurrido altos y exaltos cargos de la Administración regional.
El seguimiento del inmueble por parte de la referida entidad aseguradora, dedicada a ofrecer a los profesionales del mundo del derecho, personas de su entorno familiar y sociedades profesionales la cobertura de todas sus necesidades de previsión, ahorro y seguro, ha sido desvelado hoy por la presidenta y consejera delegada de Alia, Estefanía F.G, quien, en su declaración como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 2, se ha limitado a explicar el informe que su empresa realizó en su día, por encargo de la Junta, para evaluar el coste de la adquisición de 'La Perla' y que cifró en 39.167.961,84 euros.
La responsable de Alia, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, ha asegurado que la Mutualidad de la Abogacía también le encargó un informe sobre el coste que supondría adquirir el inmueble pero que finalmente no se llegó a un acuerdo porque la entidad aseguradora, según ha desvelado, pretendía que la tasación se aproximara a los 52 millones de euros.
Al parecer, la mutualidad tenía un posible inquilino dispuesto a pagar 19 euros el metro cuadrado al mes, lo que supondría una renta anual de unos cuatro millones de euros.
UN EDIFICIO EN MEDIO DE LA NADA
Respecto al método utilizado para establecer el precio por la adquisición del edificio por parte de la Junta, que Alia fijó en poco más de 39 millones, Estefanía F.G. ha explicado que el autor de la peritación--Alberto A--se basó en un sistema comparativo de rentas siguiendo el criterio del Banco de España y teniendo en cuenta el coste del suelo y la construcción del inmueble.
La labor fue compleja por cuanto 'La Perla' se hallaba en medio de la nada, lo que obligó a baremar el valor de los alquileres de oficinas en Valladolid capital, con la particularidad además de que la valoración se efectuó sobre un total de 31.000 metros cuadrados, en lugar de los 35.000 que finalmente figuran como construidos.
Tras la declaración de la representante de Alia, que apenas se ha prolongado más de un cuarto de hora, el que fuera perito de Tinsa Fernando G. de la C, jubilado desde hace ya cinco años, ha comparecido igualmente en calidad de testigo y por idéntico periodo de tiempo para explicar los criterios de su valoración de 'La Perla Negra' que estableció en 41.789.300 euros y que, como así ha sostenido, efectuó en febrero de 2009 sin condicionamiento alguno, tomando como referencia el suelo y el coste de construcción--sin las divisiones del inmueble--y sin incluir el beneficio del promotor.
Para el día 13 los citados son Tomás M.M. y Víctor José L.B, el primero coordinador de la Consejería de Economía y autor de un informe presentado en diciembre de 2008 a los miembros del Consejo de Administración de Gesturcal en el que se advertía del elevado coste por el alquiler del edificio y se establecía una horquilla de entre 60 y 72 millones por la opción de la compra, fijando como precio medio 66 millones a negociar con los propietarios del mismo, la empresa Urban Proyecta.
En cuanto a Víctor José L.B, es autor de una nueva tasación del inmueble encargada por el Consejo de Gesturcal en febrero de 2009 y que fue adjudicada a Inmoseguros. El precio fijado se situó en 52.155.000 euros, que, más el IVA, fue finalmente el que cerró la compra de 'La Perla Negra'.
La testifical del actual presidente del Grupo del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, director gerente de la Agencia de Inversiones y Servicios en el momento de la compra, en 2009, se celebrará el día 20 de febrero, si bien el edil ya ha asegurado que no participó en el proceso ya que era ajeno a sus competencias, aunque ha matizado que si tuvo conocimiento "en fase posterior".
La última citación en esta nueva tanda, para el 20 de febrero, corresponde a María Teresa Mata Sierra, actual subdelegada del Gobierno en León y secretaria general de la Consejería de Hacienda entre 2007 y 2009, quien en su momento calificó como buena opción la compra del inmueble.
