Pacma estudia acciones legales contra la Junta por reabrir la caza en terrenos afectados por los incendios del verano

   VALLADOLID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Partido Animalista Pacma estudia acciones legales contra la Junta por reabrir la caza en terrenos afectados por los incendios del verano, lo que considera una "vulneración flagrante de la legislación ambiental" puesto que las cazadores podrían volver a abatir animales salvajes siete meses después de los fuegos y no tendrían que esperar cinco años, como determina la normativa estatal y la propia Ley de Montes de Castilla y León.

   Esta medida, ha señalado la formación, vulnera el espíritu de la normativa ambiental vigente, cuyo objetivo es garantizar la regeneración de los hábitats y la recuperación de las poblaciones de fauna silvestre tras un incendio.

   También ha recordado que los ecosistemas incendiados atraviesan un periodo crítico en el que las especies se encuentran especialmente vulnerables debido a la pérdida de refugio, alimento y cobertura vegetal.

   Por todo ello, Pacma ha remarcado que permitir la caza en este contexto supone "un grave retroceso en materia de protección ambiental en Castilla y León", además de sentar un "precedente peligroso".

   Ante estos hechos, el Partido Animalista ha anunciado que estudiarán acciones legales para frenar esta decisión y exigir el cumplimiento de la normativa estatal, al considerar que se produciría una vulneración de la legislación diseñada para proteger el medio natural y la fauna silvestre.

LEVANTAMIENTO DE LA PROHIBICIÓN

   En este sentido, cabe recordar que el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León aprobó una resolución por la que se deja sin efecto la suspensión de aprovechamientos cinegéticos en los terrenos cinegéticos afectados por grandes incendios forestales durante el verano de 2025 en la provincia, de manera que se podrá retomar la caza siete meses después de los fuegos en "función de informes técnicos y las circunstancias del territorio", por lo que supone la "decisión más adecuada".

   Así lo trasladó el jueves el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha defendió, al ser preguntado por esta cuestión, que los técnicos estiman que es "oportuno" abrir esta posibilidad y se toma esa apertura en las condiciones, términos y plazos que la propia resolución informa.