Petición de 4 años para dos hermanos por explotar a jornaleros en labores agrícolas en Torrecilla del Valle

VALLADOLID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid celebra juicio los próximos días 28 y 29 de enero contra Ionela U. y su hermano Vasile, de nacionalidad rumana, acusados de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores por emplear a jornaleros en labores de recogida de patata sin contrato y abonarles cantidades inferiores a las prometidas de las que, además, les detraían cantidades por su alojamiento en una vivienda que no reunía las mínimas condiciones.

Tanto la mujer, en su condición de empresaria, como su hermano, quien realmente controlaba la empresa de servicios agrícolas, se exponen a una posible condena de cuatro años de prisión, la primera como autora y el segundo como cooperador necesario, así como al pago de una multa de 4.500 euros y, en concepto de responsabilidad civil, al abono de una indemnización en favor de los trabajadores afectados por importe de 15.000 euros por daños morales, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los hechos que serán enjuiciados se circunscriben a los meses de septiembre y octubre de 2020 cuando Ionela, quien realmente era una mera pantalla ante la administración, y su hermano, la persona que de verdad controlaba, contrataba y dirigía la actividad, lograron traer engañados hasta Torrecilla del Valle (Valladolid) a distintos trabajadores para emplearles en labores agrícolas de recogida de uva y patata en la zona de Medina del Campo, donde reside Vasile.

Para ello, siempre según la tesis de la acusación pública, contaron con el auxilio de dos personas residentes en Alicante, actualmente en paradero desconocido, quienes les hicieron las gestiones para convencer a una decena de demandantes de empleo al objeto de que se desplazaran hasta Valladolid bajo la falsa promesa de que tendrían un contrato de jornalero durante un año, alta en la Seguridad Social y emolumentos mensuales de entre 1.600 y 1.800 euros, a razón de 80 euros de jornal diario, incluido alojamiento en una vivienda digna, con todas las comodidades.

En plena pandemia, los afectados fueron trasladados el 15 de septiembre de ese año hasta una finca en Torrecilla del Valle, en la provincia de Valladolid, al reclamo de unas condiciones laborales ventajosas. De todas estas personas, hasta el día 20 de octubre sólo firmaron contrato provisional de trabajo las cinco primeras, si bien únicamente permanecieron dadas de alta en la SS durante cortos periodos de tiempo, pese a que los días trabajados por ellas fueron muy superiores.

El resto no firmó contrato alguno ni estuvo dado de alta. Además, todos ellos cobraron una cantidad inferior a la pactada, que era de 6 euros por hora trabajada en labores de recogida de uva y 21 euros por cada saca de 1.000 kilos de patatas recogidas, ya que de esas cantidades los acusados les detraían una comisión, su traslado al tajo y el pago del alojamiento, contraviniendo de esta forma la normativa del sector, según la acusación pública. Los afectados lograron cobrar pequeñas cantidades gracias a la intervención de la Guardia Civil tras acudir los agentes a la finca a requerimiento de los jornaleros.

Además, la vivienda que se les facilitó por los acusados carecía de mobiliario, agua potable y calefacción y presentaba un estado de habitabilidad "deplorable", hasta tal punto de que para dormir los alojados se vieron obligados a recoger colchones de un punto limpio y los que encontraron en plena calle.