VALLADOLID 16 May. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma Social ha denunciado que en Castilla y León son más de 6.800 las personas que, con una prestación económica vinculada, están esperando a que la Junta les realice su abono para acceder a una residencia o un centro de día.
"Desde la Plataforma Social demandamos a la Junta que, no sólo amplíe el número de las plazas de residencias públicas o concertadas, como establece el Procurador del Común, sino que amplíe la cuantía de las subvenciones que concede para acudir a un centro privado y realice los ingresos a las personas en situación de dependencia de forma inmediata a que se les ha reconocido la citada prestación", ha señalado a través de un comunicado remitido a Europa Press.
La plataforma reitera su denuncia por la apuesta que realiza la Junta por conceder una subvención para que las personas "compren un servicio privado". "En el pasado mes de marzo, eran 49.000 las personas que reciben esa subvención para que se compren un servicio privado, frente a 9.000 que tienen una plaza pública o concertada. Cinco veces más", añade.
La organización recuerda que una reciente resolución del Procurador del Común ante la reclamación presentada por una persona que, por haber sufrido un ictus, solicitaba una plaza pública, tuvo que conformarse con recibir una subvención y acudir a un centro privado, "confirmaba" lo que ellos denuncian, "que en Castilla y León las prestaciones económicas vinculadas para adquirir un servicio privado suponen el 29,4 por ciento de su cartera de servicios, frente al 10,48 por ciento, que suponen en el resto de España".
"Este modelo, implantado en Castilla y León, basado en dar subvenciones, en vez de facilitar el acceso a una plaza residencial pública o concertada, no sólo está basado en la privatización de la atención residencial, sino que la cuantía económica que se concede es insuficiente, porque no sirve para cubrir los costes de una plaza residencial privada", añade la información.
Las personas que al final reciben esa subvención, frente a una plaza pública, se encuentran con otro "problema", incide, "la demora que tiene la Junta para comenzar a ingresar la subvención, que llega a tardar hasta seis meses, lo que genera, que muchas personas que no pueden adelantar el coste de la residencia privada, y por lo tanto no puedan ingresar hasta meses después de que se les haya reconocido ese derecho".