El Pleno de la Diputación de Segovia aprueba inversiones por 9,4 millones de euros en 222 entidades de la provincia

SEGOVIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario del mes de febrero en la Diputación de Segovia ha aprobado el reparto del Plan de Ayudas a Inversiones Municipales (Paimp) que invertirá 9.428.571,43 euros en 222 entidades de la provincia, al sumarse entidades locales menores a los 208 ayuntamientos.

La adjudicación de los fondos del Paimp ha tenido los votos a favor del grupo popular, las abstenciones del PSOE y VOX y el voto en contra de la diputada de IU, Ana Peñalosa, que ya había cuestionado previamente el reparto como "discrecional".

El representante socialista, Máximo San Macario, ha defendido que el PSOE "seguirá peleando por la menor cofinanciación para los pueblos pequeños" mientras el portavoz de Vox, Pedro Varela, ha asegurado que existe "equivalencia de trato en pueblos similares con obras similares".

Por su parte, el diputado de Acción Territorial, Basilio del Olmo, ha reprochado a la diputada de IU que haya "echado mal las cuentas o miente". Por último, el presidente, Miguel Ángel de Vicente ha manifestado que "la única realidad es que habrá una inversión cercana a los diez millones de euros con la que se cubren las necesidades trasladadas".

Otro punto de debate ha sido el de la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo, relativa a puestos reservados para su desempeño a personal funcionario con habilitación nacional. Desde la oposición han dudado que de con esta libre designación se pueda "desempeñar la labor con libertad", mientras que el diputado de Recursos Humanos, Jaime Pérez, ha expresado que "esta forma de provisión está contemplada en la normativa, por lo que no hay ninguna ilegalidad ni ningún interés espurio ya que se cuenta con la autorización del Ministerio de Hacienda porque se ha justificado la excepcionalidad".

En tercer lugar, sobre el Plan de Actuación Integrada del Área Funcional Urbana de la provincia, con los votos a favor del equipo de Gobierno y la abstención del resto de diputados, se ha aprobado que concurra a la convocatoria de Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales, del que se dará cuenta en los próximos días. Y en cuanto a la dación de cuenta de informes de Intervención de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la Tesorería, se ha expuesto el periodo medio de pago de la institución provincial a sus proveedores, que se sitúa en los 14,9 días.

CUATRO MOCIONES PRESENTADAS

En el turno de mociones se han presentado cuatro propuestas. La primera, formulada por el Grupo Socialista, se refería a la puesta en marcha de un Plan Integral de Desarrollo Industrial en toda la provincia. Ha sido apoyada por IU y rechazada por el PP, con abstención de Vox, por lo que no ha salido adelante la propuesta planteada por el diputado socialista Carlos Fraile para "instar a la Junta a que existan cuatro áreas de actuación para que no siga habiendo desigualdades".

La segunda moción socialista ha sido relativa al refuerzo que debe hacer la Junta de Castilla y León en el transporte público de viajeros por carretera, para evitar los planes de supresión de paradas de transporte público en la provincia. Vox, IU y el Grupo sScialista han votado a favor de la moción, mientras los 'populares' han argumentado en contra "de una propuesta que quiere blanquear a un Gobierno que es imblanqueable, pues la supresión de paradas que plantea para la provincia es evidente, y para cubrirlo la Junta necesitaría 25 millones de euros", según ha comentado el portavoz del PP, José María Bravo.

La moción de IU relativa a la creación de una línea de ayudas ha sido rechazada con el voto mayoritario del PP, donde de nuevo su portavoz ha argumentado que "quizás sean los jóvenes de las ciudades a quienes les gustaría tener las mismas oportunidades que tienen los de los pueblos" y ha pedido a la diputada de IU que "no victimice a los niños de los pueblos".

La última moción ha sido del grupo 'popular' para que se derogue el decreto relativo a las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, ya que "están sufriendo las consecuencias negativas de esta orden ministerial que les complica mucho su gestión diaria con la excusa de la seguridad", según ha expresado Bravo.

La portavoz de IU, Ana Peñalosa, ha señalado que "el PP pone los intereses de la patronal por delante de la seguridad del país" y Máximo San Macario ha defendido el voto en contra de su grupo porque con el decreto "se trata de protegerse bien contra el terrorismo, y eso es lo que busca esta ley". El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha echado en cara a PSOE e IU que "hablan de terrorismo ustedes, que han pactado con los herederos de ETA".