PP y Vox se comprometen a aprobar una Ley de Concordia para el reconocimiento de todas las víctimas

VALLADOLID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo de Gobierno en Castilla y León suscrito este miércoles entre PP y Vox recoge el compromiso expreso de los dos grupos parlamentarios a aprobar una Ley de Concordia que supere y actualice el marco normativo vigente y garantice el reconocimiento "a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier índole acaecidas en Castilla y León".

Este compromiso tiene como fecha de aprobación "antes de junio de 2027".

Se da la circunstancia de que PP y Vox ya se comprometieron a aprobar una Ley de Concordia al inicio del anterior mandato hasta el punto de que ambos grupos parlamentarios registraron una proposición de ley al respecto que finalmente no prosperó ya que el propio PP votó en contra de su toma en consideración que se produjo tras la salida de los de Santiago Abascal del Gobierno.

El Grupo Popular argumentó ese rechazo a la iniciativa que había ayudado a impulsar en la necesidad de un informe del Consejo Consultivo que veía "imprescindible" y en los recursos del Gobierno central a las leyes de Aragón y de Valencia.

Ahora, el nuevo acuerdo PP y Vox vuelve a recoger este compromiso para aprobar una Ley de Concordia para el reconocimiento de todas las víctimas.

Del mismo modo, se comprometen a impulsar desde el inicio de la legislatura la revisión de "entidades públicas y leyes ideológicas". El acuerdo contempla que se garantizará que toda la acción del Gobierno de la Junta de Castilla y León se inspirará en los principios de "libertad, eficiencia y austeridad" y renunciará expresamente "a todo intento de imprimir cualquier sesgo ideológico o condicionar el libre pensamiento y juicio de los ciudadanos".

"A tal fin --añaden-- ambos socios de gobierno se comprometen a derogar o, en su caso, reformar, cualquier disposición normativa, ente u organismo, que, en su desarrollo o efecto práctico actual, se demuestre superfluo o ineficiente".

Otro de los puntos con fecha de cumplimiento antes de que acabe este año pasa por reformar el padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación ilegal para lo que exigirán al Gobierno de España la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, "con el objetivo de impedir el uso fraudulento del padrón municipal".

En particular promoverán que la inscripción en el padrón de personas que carezcan de título habilitante de ocupación de la vivienda -o documentación equivalente-- sea considerada "nula de pleno derecho, sin que pueda constituir prueba de residencia ni generar acceso a derechos o prestaciones". Además, impulsarán una proposición de ley en las Cortes Generales.

También fechan para antes de que acabe 2026 la "aplicación firme" del desahucio exprés y del refuerzo de la protección a las víctimas para lo que exigirán la "aplicación estricta y sin excepciones" de la legislación vigente que permite el desahucio inmediato de ocupas ilegales, conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Para ello, prevén desarrollar mecanismos autonómicos de apoyo a las víctimas "para garantizar la efectividad real de estos procedimientos y evitar dilaciones que perpetúen situaciones de ocupación ilegal".

Sobre este asunto, se comprometen a garantizar, mediante la suscripción de convenios con las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, antes de junio de 2027 el asesoramiento jurídico inmediato a propietarios y comunidades de vecinos afectados por la ocupación ilegal de viviendas, tanto en supuestos de usurpación como de allanamiento de morada.