LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 15 (EUROPA PRESS)
El Grupo Municipal Socialista de Laguna de Duero (Valladolid) ha lamentado el "varapalo judicial" sufrido por el Ayuntamiento de la localidad tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que ha desestimado el recurso del Consistorio y anula una subida salarial "camuflada" en el Plan de Igualdad.
Los socialistas, que han dado a conocer el fallo, ha calificado éste de "histórico y durísimo varapalo judicial" contra la gestión económica del equipo de gobierno de Laguna de Duero.
Según ha explicado el PSOE en un comunicado recogido por Europa Press, la Sección Tercera del TSJCyL ha desestimando íntegramente el recurso de apelación del Ayuntamiento y confirmando que las subidas salariales aprobadas por el Pleno son "nulas de pleno derecho".
Los hechos se remontan al acuerdo de Pleno del 7 de octubre de 2024, en el que el equipo de gobierno (PP-VOX-IL) aprobó de forma singular una adecuación retributiva bajo el pretexto del 'II Plan de Igualdad', lo que supuso la anulación por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valladolid, que ahora se ratifica.
El fallo del alto tribunal confirma que el Ayuntamiento utilizó de forma "espuria" y como un "paraguas" las políticas de igualdad de género para camuflar un incremento salarial generalizado que vulneraba flagrantemente los límites de gasto del Estado.
Los socialistas han afirmado que el texto de la sentencia del TSJCyL resulta "demoledor" para el equipo de gobierno y han apuntado que el Tribunal llega a calificar la maniobra municipal de "grosería" y afirma textualmente que la decisión se tomó "con una falsa declaración de excepcionalidad, pero con evidente intención de permanencia estructural y temporal", tras lo que concluye que se trata de un "evidente fraude de ley".
Asimismo, la Justicia reprocha al Ejecutivo local que aprobase dichos incrementos a sabiendas de que no existía consignación presupuestaria adecuada ni suficiente y levantar de forma "temeraria" el reparo explícito dictado por la Interventora Municipal el 6 de septiembre de 2024.
Además, ha subrayado que el TSJCyL aclara de forma tajante que la opinión de los máximos fiscalizadores municipales tiene un valor reforzado y que el Ayuntamiento intentó amparar su decisión con simulación.
IRRESPONSABILIDAD Y "OCULTACIÓN"
El Grupo Municipal Socialista ha censurado la actitud "irresponsable" del equipo de gobierno, que "ha arrastrado" al Ayuntamiento a una condena judicial y al pago de las costas del proceso, pero además ha criticado que mantenga guardada la sentencia en un cajón y les deniegue, "casualmente en fechas próximas a la sentencia", el acceso al expediente del procedimiento, "intentando ocultar la realidad a los vecinos de Laguna de Duero y a los grupos de la oposición".
Los socialistas han añadido que la sentencia "es clara" y advierte de que el Ayuntamiento "ha de recuperar las cantidades indebidamente satisfechas o asumir las consecuencias legales inherentes de no hacerlo".
Por ello, ha recordado que el Grupo Socialista tomó la decisión de acudir a la vía penal para denunciar la desobediencia del alcalde, Avelino Álvarez, de la concejala responsable y del resto del equipo de gobierno que los secundó. "Todos ellos ignoraron el auto judicial que dictaba medidas cautelares contra el acuerdo denunciado, el cual ha sido declarado nulo de pleno derecho", ha aseverado el PSOE.
En esta línea, ha señalado que, más allá de la "gravedad" que supone la desobediencia a una resolución judicial (derivada de un contencioso-administrativo interpuesto por la Abogacía del Estado) la medida cautelar habría protegido a los trabajadores municipales de la posible devolución de cantidades y también habría "blindado" las arcas públicas frente a su "nefasta" gestión.
Por todo ello, el Grupo ha exigido la comparecencia pública inmediata del alcalde para dar explicaciones sobre este fraude de ley certificado por los tribunales, la entrega inmediata de la copia oficial de la resolución a todos los grupos de la corporación así como un informe detallado de los servicios económicos que aclare a cuánto asciende el dinero público pagado de forma ilegal y cómo se va a proceder a su recuperación sin que ello suponga un perjuicio mayor para las arcas municipales o un "caos" organizativo en el personal del Ayuntamiento.
"Es intolerable que el equipo de gobierno intente esconder una sentencia judicial desfavorable que demuestra que han jugado con el dinero de todos los vecinos simulando cumplir las leyes de igualdad", ha añadido.