VALLADOLID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno este miércoles por unanimidad al Decreto-Ley de la Junta de 30 de marzo que devuelve las 35 horas semanales a los empleados públicos de la Administración de la Comunidad, un compromiso asumido en 2019 por el Gobierno de Juan Vicente Herrera que tendrá efecto a partir del 1 de junio de 2023 en todos los sectores salvo en Educación donde arrancará en septiembre, con el nuevo curso, el 2023-2024.
Según ha argumentado el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, en la presentación del Decreto-Ley sometido a la convalidación de las Cortes, la Administración de la Comunidad dispone ahora "de la suficiencia financiera adecuada" para cumplir "de forma inmediata" el compromiso asumido hace cuatro años con las organizaciones sindicales y para el que se han reservado 35 millones de euros en el presupuesto de este año.
Carnero ha justificado la "urgencia" del Decreto-Ley por el incremento del empleo público que conllevará la adopción de la reducción de la jornada semanal "en un entorno social castigado por la pandemia y por las cifras de desempleo" y ha considerado "imprescindible" poder disponer "de un margen temporal adecuado" entre la modificación normativa y la fecha acordada para la aplicación efectiva de la nueva jornada "con el fin de organizar adecuadamente la prestación de los servicios, especialmente en el ámbito sanitario y educativo".
A esto ha añadido que la recuperación de las 35 horas favorecerá la conciliación de la vida personal, familiar y social con el trabajo y permitirá avanzar el ahorro energético "al acortar la jornada y reducir la estancia de los empleados en las dependencias y edificios públicos" para lo que se ha regulado un nuevo modelo de teletrabajo.
Y ha aprovechado la ocasión para destacar los "importantes avances" en la carrera profesional horizontal de los empleados públicos y para recordar que el pasado 31 de marzo y "tras un largo periodo de negociaciones y de trabajo" la Junta firmó con UGT, Comisiones y CGT un "preacuerdo" de Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos que sustituirá al suscrito en 2013.
"Tengan claro que desde el Partido Socialista vamos a estar vigilantes para que se cumpla escrupulosamente este Decreto", ha advertido por su parte la procuradora socialista Yolanda Sacristán que ha mostrado su "incredulidad" y "muchísima preocupación" por la aplicación efectiva de una medida que, según ha rememorado, permitirá recuperar la jornada laboral de 35 horas que había en 2012 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy la amplió a 37 horas y media.
"No han empezado y ya tienen problemas", ha aseverado Sacristán que se ha preguntado de dónde va a sacar el dinero la Junta que, según ha augurado, que hará "las modificaciones técnicas que les venga en gana" sin respetar "el presupuesto que tanto les costó aprobar". También ha recordado "la famosa Carrera Profesional para todos los empleados públicos" de 2019 y un mensaje de whatsApp sobre cómo redactarla para que no saliera adelante, "como así fue", ha apostillado.
Sacristán ha parafraseado a Karl Marx cuando decía que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa para recordar que el acuerdo del que deriva este Decreto se alcanzó en mayo de 2019, "días antes de las elecciones municipales y autonómicas", por el entonces consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, junto a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, "candidatos ambos al Ayuntamiento de Valladolid".
"Hoy, cuatro años más tarde, el consejero de la Presidencia y candidato a la Alcaldía de Valladolid anuncia la devolución de la jornada laboral, justo un mes antes de las elecciones municipales. ¿Dónde está la diferencia?", se ha preguntado Sacristán que ha reconocido que en mayo de 2019 hubo un acuerdo y ahora un Decreto.
Dicho esto, ha zanjado que tanto la palabra del consejero de la Presidencia como la del resto del Gobierno autonómico con Alfonso Fernández Mañueco al frente "vale lo mismo hoy que en 2019, nada". "Así lo han estado demostrando ustedes a lo largo de estos cuatro últimos años en los que han podido sumarse a la infinidad de iniciativas presentadas por nuestro Grupo Parlamentario para el cumplimiento de este acuerdo", ha reprochado Sacristán que ha justificado el voto a favor del PSOE para que la Junta tenga "una segunda oportunidad de redimir todo el daño que están haciendo los trabajadores de los servicios públicos".
Desde el Grupo UPL-Soria ¡Ya!, el soriano Ángel Ceña, funcionario de la Comunidad Autónoma, ha confesado su "rabia" al leer la exposición de motivos del Decreto-Ley y ha reivindicado los "sacrificios" de los empleados públicos "a cambio de insultos y menosprecio" y hasta "puñales uno detrás de otro".
"Da la sensación de que es muy difícil hacerlo peor de lo que lo hacen", ha considerado el soriano que ha recordado la película Blade Runner para afirmar que ha visto cosas que no creeríais. "Si los funcionarios públicos de esta Comunidad les interesáramos, tendríamos una normativa de concursos de traslados razonable", ha explicado a modo de ejemplo y ha ironizado sobre la premura de adoptar ahora una medida que entrará en vigor cuatro días después de las elecciones del 28 de mayo. "Eso no lo dice en su exposición de motivos y esa es la auténtica motivación de que estemos hoy hablando aquí de convalidar un Decreto-Ley en lugar de haberlo aprobado como ley hace ya tiempo", ha sentenciado.
En el mismo sentido se ha pronunciado el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, para quien "la única causa de urgente y extraordinaria necesidad" del Decreto-Ley convalidado hoy es la fecha electoral que ha afeado a Carnero su distracción con el móvil durante el debate. "Siga poniendo tuits de campaña y veremos dónde acabamos", ha bromeado el político liberal que ha deseado que Carnero se quede como consejero aquí para poder comprobar si cumple sus promesas.
Desde los partidos que sustentan a la Junta, Fátima Pinacho, de Vox, y José Luis Sanz Merino, del PP, han coincidido al afirmar que el Decreto debatido este miércoles es fruto de los recortes que hubo que hacer por las medidas aplicadas en su día por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que obligaron a poner en marcha "estrictas políticas fiscales y presupuestarias, con el principal objetivo de reducir el elevado déficit público".
