Rodríguez pide a la Junta que aporte al Plan Estatal de Vivienda 101 millones de los 380 de inversión global en CyL

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, visitan los terrenos del acuartelamiento de 'La Rubia'. - Photogenic/Pablo Requejo - Europa Press
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 19 septiembre 2025 13:11

VALLADOLID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido a la Junta de Castilla y León que contribuya al Plan Estatal de Vivienda presentado esta semana por el Gobierno central con una cuantía de 101 millones de euros, 25,5 al año, para una inversión global de 380 millones en la Comunidad.

Rodríguez se ha expresado así durante su visita, junto a los ministros de Igualdad, Ana Redondo, y Transportes, Óscar Puente, a los cuarteles de La Rubia de Valladolid, donde se construirán 200 viviendas "asequibles".

Allí, ha señalado que se necesita la colaboración de las comunidades autónomas en este Plan, actualmente en "audiencia pública", y ha concretado que en Castilla y León la aportación implicaría pasar de una inversión de 101 millones a casi 380 millones de euros en políticas públicas de vivienda, es decir, un incremento de más de 276 millones de euros y lo que se pide a la comunidad autónoma es "un esfuerzo en su cofinanciación".

La ministra ha explicado que, "cuando se echan las manos a la cabeza y le dicen a la ciudadanía que no pueden asumir este compromiso", hace dos planteamientos, el primero de ellos que si hay compromiso de dar respuesta al problema de la vivienda, ésta "cuesta", algo que en política pública significa que hay que poner y disponer de fondos públicos como hace el Gobierno de España.

Además, ha subrayado que lo que están pidiendo es que cada año pudiera sacar de sus presupuestos 25,5 millones de euros para políticas de vivienda de un presupuesto de más de 15.000 millones de euros (el anteproyecto elaborado por la Junta para 2025 ascendía a 15.084 millones).

"No hace falta ser experto economista para salver que no estamos pidiendo la luna, sino que estamos pidiendo un esfuerzo razonable para lo que decimos es el principal problema de la ciudadanía y por tanto donde tenemos que aportar soluciones", ha agregado.

PRECIO DEL ALQUILER

Por otro lado, en el contexto del problema de la vivienda, en cuanto a la negativa de la Junta a declarar zonas tensionadas, la ministra considera que esto implica que se esté "impidiendo" intervenir el mercado y bajar el precio del alquiler en ciudades como Valladolid o Segovia, donde ha asegurado que le consta "que el precio del alquiler está muy tensionado".

Isabel Rodríguez ha afirmado que "no es una utopía", sucede hoy en España y ha recordado que la primera comunidad autónoma que lo aplicó fue Cataluña y, en Barcelona, se está consiguiendo en algunos barrios bajar el precio del alquiler ya en estos meses hasta un 8 por ciento.

"Por tanto es una realidad, es posible es una medida eficaz en tanto en cuanto levantamos el parque público de vivienda que necesita nuestro país, pero sobre todo no es nada revolucionario", ha añadido Rodríguez.

Además, ha aseverado que cuando se lanzan estas propuestas la derecha suele acusarles de "intervencionismo", pero la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo, ha pedido a los estados miembros, a las autonomías y a las entidades locales que "apliquen políticas de intervención de precio en el mercado del alquiler".

En esta línea, ha explicado que en Castilla y León se han intervenido 1.000 pisos turísticos ilegales y ha animado a los ayuntamientos donde más viviendas de este tipo hay, así como a la comunidad autónoma a tomar medidas para "regular" este tipo de alojamientos y sobre todo para ofrecer "políticas" a los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler residencial.

La ministra ha asegurado que el Gobierno central está adoptando esas políticas, por un lado con propuestas de gravar estos alojamientos con hasta un 21 por ciento del IVA y, al mismo tiempo, promoviendo también que se pongan en alquiler residencial, por ejemplo, con ayudas a la rehabilitación si así se hace y no se usan como actividad económica para el turismo.

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